17 de Julio de 2019
Periodismo Investigativo  |
| Ricardo Rosselló y Elías Sánchez Reunión del CEAL, (Capítulo de PR) 18 de abril 2017. |
En medio de la
peor crisis fiscal de su historia moderna, la isla es objeto de un saqueo de
fondos públicos perpetrado por medio de venta de influencias, contrataciones y
obtención de beneficios en el Gobierno, según encontró una investigación del
Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
La investigación incluyó entrevistas
a más de veintena de personas con conocimiento directo de los hechos, revisión de documentos y bases de datos de contratos y registros corporativos.
El análisis y los testimonios de las fuentes apuntan a que práctica se
esparció por muchas de agencias públicas.
El saqueo,
realizado por medio de un esquema principal y varios secundarios que comparten
el mismo modus operandi y protagonistas similares, fue
orquestado desde La Fortaleza por los allegados más cercanos del gobernador
Rosselló Nevares y con su conocimiento, encontró la investigación. El modus
operandi implicó el plantar personal interno y contratistas externos
en puestos clave de asesoría y comunicaciones en las agencias para controlar la
entrada y salida de información. También el compartir datos privilegiados sobre
contrataciones de gobierno para beneficiar a clientes privados a cambio de comisiones
y pagos.
Al tope del
esquema se encuentra el ex presidente del Comité de Transición, cabildero, ex
director de campaña y amigo íntimo de Rosselló, Elías Sánchez Sifonte, seguido
muy de cerca por el publicista Edwin Miranda Reyes y el estratega de prensa y
comunicaciones, Carlos Bermúdez Urbina. Los tres figuran entre los 12
participantes de las 889 páginas del chat del Gobernador revelado por el CPI el sábado y en el
que se evidencia el intercambio de información privilegiada con personas que no
son funcionarios y el uso de recursos públicos para hacer trabajo partidista.
Sánchez conoció
a Rosselló desde principios del milenio mientras ambos pertenecían a la
Juventud del Partido Nuevo Progresista (PNP) y, según personas que han estado
cercanas al dúo, a través de los años desarrollaron una relación muy cercana
que incluyó vivir juntos durante un periodo en Torrimar junto con quien sería
luego la esposa del Gobernador, Beatriz Areizaga. Rosselló fue el padrino de la
boda de Sánchez, quien a su vez lo apoyó intensamente cuando comenzó el
movimiento Boricua Ahora Es, previo a iniciar su campaña por la candidatura
para gobernador.
El esquema
principal lo componen estas tres figuras – Sánchez, Bermúdez y Miranda –, que
en papel operan como “ciudadanos privados” y “contratistas”, pero que en
realidad constituyen la cúpula del Gobierno, con más poder que cualquiera de
los secretarios del gabinete constitucional del gobernador Rosselló, según
múltiples fuentes. A su vez, conecta, a veces de manera directa y en otras de
forma tangencial con esquemas particulares, como los destapados con los
arrestos hechos por la Fiscalía federal en julio en el Departamento de
Educación, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la firma de
contabilidad BDO.
Dos fuentes
cercanas a las investigaciones federales dijeron al CPI que son inminentes más
arrestos vinculados a esquemas de corrupción en la administración Rosselló
Nevares.
Sánchez,
Bermúdez y Miranda han generado millones a través de sus negocios y han
decidido buena parte de lo que ha pasado en el Gobierno en términos de
contrataciones, despidos y proyección pública desde que Rosselló Nevares asumió
el cargo en enero de 2017, coinciden las fuentes. En el caso de Sánchez,
también hay intervenciones indebidas e ilegales con secretarios de gabinete.
Al menos cuatro
jefes de agencia acudieron directamente al Gobernador o a sus asesores en La Fortaleza
a denunciar estas intervenciones por parte de Sánchez al menos desde 2017 pero
el Mandatario nunca ordenó una investigación o tomó acción al respecto.
Aunque no tiene
contratos directos con el Gobierno, Sánchez, quien tiene el vínculo más estrecho
con el Gobernador, controla la mayoría de las contrataciones de mayor cuantía,
colocando a sus clientes en buena parte de las agencias y cobrando comisiones
de hasta 25% del monto de los contratos e igualas fijas que han llegado a los
$50,000 mensuales, indicaron cuatro fuentes que han presenciado la dinámica.
Según relataron en conversaciones por separado, el cabildero tenía acceso
constante a La Fortaleza y a información privilegiada sobre las contrataciones
grandes que se darían en las agencias, las “casaba” con sus clientes y se
presentaba, frecuentemente sin invitación, a las puertas de dichas dependencias
a presentar propuestas a la medida para los servicios que estarían buscando.
En algunas instancias, Sánchez encontró la resistencia
de secretarios de agencia.
Uno de esos casos se dio en medio de la emergencia del
huracán María, cuando se contrató para trabajos de recuperación del programa Tu
Hogar Renace del Departamento de la Vivienda, a la empresa Adjusters
International. El cliente de Sánchez, AECOM, perdió esa subasta, y en diciembre
de 2017 Sánchez se presentó en la oficina del secretario, Fernando Gil Enseñat,
para reclamarle al funcionario por su decisión, revelaron dos fuentes al CPI.
Gil Enseñat
aceptó al CPI que esa reunión se dio con ese propósito y que consideró la
intervención como una indebida. Dijo que le informó a Sánchez que mantendría la
determinación que su agencia había tomado porque cumplía con los procesos de
ley y además, les generaba un ahorro de $21 millones en comparación con la
propuesta de su cliente. AECOM apeló la decisión ante la Junta Revisora de la
agencia, lo cual detuvo el contrato, y litigó contra Vivienda hasta llegar el
Tribunal Supremo, en donde desistió del caso.
“Sí se presentó
en mi oficina y pidió hablar conmigo… Me expuso que yo, en referencia a la
agencia, había cometido un error en escoger el licitador que había escogido
para Tu Hogar Renace”, reconoció Gil Enseñat. Sostuvo que como funcionario que
ha servido anteriormente en el Gobierno y como abogado sabe que se debe a la
Constitución y a las leyes y por tanto no accede a este tipo de presiones. “Sé que la última consecuencia la pago yo. En ese
sentido, no me tembló la mano”, dijo.
¿Considera este tipo de intervención de cabilderos
apropiada?, se le preguntó. “No, no es apropiado, y te lo digo”, contestó. “La realidad es
que eso pasa; a mí no me gusta, y yo no estoy de acuerdo con ello”, agregó al
enfatizar que es responsabilidad de cada funcionario no acceder a las
presiones. Gil Enseñat
dijo que acudió al Gobernador personalmente a relatar el suceso para
anticiparle la posible pugna legal que iniciaría ya que no iba a ceder al
pedido de Sánchez y a decirle que tenía todo documentado y que iría hasta las
últimas consecuencias. Aseguró que Rosselló le dijo que siguiera adelante con
su decisión. El CPI solicitó
a La Fortaleza una reacción para esta historia pero no la recibió al cierre de
la edición.
A pesar de que
AECOM no consiguió el contrato de Tu Hogar Renace, la compañía tiene $1.1
millones en contratos con el Gobierno. Gil Enseñat dijo que algunos de estos
contratos eran previos al incidente y otros posteriores, y que fueron obtenidos
en buena lid.
A mediados de
2018, Sánchez llevó personalmente al Departamento de Hacienda a su cliente GILA
Corporation para empujar un contrato de cobro de deudas morosas y logró
reuniones al menos en cuatro ocasiones con dos de los principales funcionarios
y con un contratista: el actual secretario de Hacienda y entonces asesor,
Francisco Parés, el ex secretario de Hacienda y entonces asesor por contrato,
Juan Carlos Puig y el entonces secretario de Hacienda y principal oficial
financiero, Raúl Maldonado, según dos fuentes con conocimiento directo del
evento.
Maldonado,
quien por años participó también de la dinámica, según las fuentes, terminó
acudiendo al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) a proveer información
sobre las ilegalidades en el Gobierno de Puerto Rico, poco después de que su
breve sucesora en Hacienda, Teresita Fuentes Marimón, acudiera en enero de
2019, primero al FBI, y luego donde Rosselló, con denuncias relacionadas a los
esquemas de Hacienda. Rosselló no tomó acción al respecto. La funcionaria
renunció fulminantemente.
Fuentes Marimón
– quien se encuentra fuera de Puerto Rico – no ha precisado si entre sus denuncias
figuraban las intervenciones de Sánchez en Hacienda y no estuvo disponible para
entrevista. La funcionaria
también fue ante Rosselló a denunciar presuntos esquemas de lucro ilegal
operados por Maldonado y su hijo, Raúl Maldonado Nieves, a través de al menos
siete compañías: Virtus, Óptima, Centurion, 6th Element, On Point, Integrity y
OPG, aseguraron tres fuentes. Las empresas tenían al menos 65 contratos por
$12.6 millones y presuntamente cobraban por acceso a Maldonado (padre) para
gestiones, acuerdos favorables y rebajas de deuda en Hacienda, entre otros
servicios.
El CPI intentó
obtener reacción de Maldonado a través de su abogada Mayra López Mulero, pero
esta indicó que no harían expresiones. De otra parte,
múltiples fuentes hablaron al CPI sobre intervenciones indebidas de Sánchez a
favor de su cliente, Microsoft. La compañía de tecnología ha logrado más de
$100 millones en contratos durante esta administración. Dos fuentes apuntaron,
por ejemplo, al contrato de $11 millones firmado el pasado verano para obtener
las licencias de AmpliFund, una aplicación de “grant management” propiedad de
Microsoft. A pesar de que el Gobierno ya contaba con una herramienta similar y
efectiva, y que costaría una fracción extender dicha licencia, la
administración Rosselló Nevares decidió adquirir la licencia de AmpliFund.
El CPI llamó a
Herbert Lewy, presidente de Microsoft, para una reacción al respecto y recibió
expresiones de Soledad Lago Rodríguez, Gerente de Comunicaciones para Microsoft
Caribe, en las que no niega que Sánchez haya trabajado para la empresa:
“Microsoft está comprometido en hacer negocios de una manera que genere y
mantenga la confianza con todos nuestros clientes y socios. Actualmente no
trabajamos con Elías Sánchez, World Professionals Government Affairs ni con
ninguno de sus ejecutivos o accionistas”. La empresa no respondió si ha
recibido algún requerimiento de información o pedido de entrevista por parte de
las autoridades federales.
Según dos
fuentes, en el Departamento de Corrección también ocurrió una intervención
indebida de Sánchez cuando la compañía Carolina Catering Services obtuvo un
contrato de $300 millones para manejar las comisarías, lavanderías y comida en
las cárceles. El contrato fue adjudicado a esta compañía a pesar de que pujó
por un costo mayor al de otro competidor, Trinity. Dos fuentes dijeron al CPI
que la persona responsable de intervenir en la subasta y lograr que Carolina
Catering consiguiera el contrato fue Sánchez.
El CPI
cuestionó al secretario de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón, si Sánchez
intervino de alguna manera en la subasta de estos servicios. “No para nada; es
totalmente incorrecto”, dijo el también subsecretario de la Gobernación, quien
aseguró que no hubo ninguna irregularidad en el proceso.
El CPI contactó
al presidente de Carolina Catering, José Algarín, quien negó relación alguna
con Sánchez y “sus asociados, familiares o empresas relacionadas a él”, y dijo
que no usan cabilderos externos. “Rotunda y absolutamente, no”, contestó a
través de su relacionista, María “Maypi” Casta. Carolina Catering forma parte
del conglomerado MGI Caribe, la que a su vez está relacionada Empresas Santana.
En la
Administración de Seguros de Salud (ASES), la joya de la corona por el enorme
monto de las contrataciones del plan de salud del Gobierno para indigentes,
Vital, una compañía aseguradora logró que se admitiera su participación en la
subasta y resultó agraciada con el mayor contrato pese a que entregó su
propuesta dos días tarde, por lo que no cualificaba. Esta información es parte
de las acusaciones radicadas hace unos días por fraude, conspiración, robo de
fondos públicos y lavado de dinero contra la jefa de esa agencia, Ángela Ávila,
el presidente de BDO, Fernando Scherrer, y contra su empleado y cabildero en la
agencia, Alberto Velázquez Piñol. Este último fue un alto funcionario de
Gobierno y consultor desde la gobernación de Luis Fortuño y tiene vínculos con
la familia de Sánchez, a través de una relación cercana con su exsuegra
Katherine Erazo García, y su exesposa y pareja Valerie Rodríguez Erazo. Según
dos fuentes del CPI, la aseguradora en cuestión es Triple-S, que es también
clienta de Sánchez y su socia, la exsecretaria de Corrección y vicepresidenta
de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Zoraida Buxó.
Triple-S no
respondió la pregunta de si Sánchez o alguna de sus empresas o asociados
cabildearon a su nombre, ni si ha recibido requerimientos de las autoridades
federales. “Triple-S ya
emitió una declaración previa en la que establece que no comentará sobre
investigaciones federales y tampoco alimentará rumores o especulaciones”, fue
la respuesta por escrito de la principal oficial de comunicaciones de la
empresa, Ivelisse M. Fernández.
En el pasado
Triple-S y Empresas Santana figuraron entre los participantes en el esquema de
corrupción por el cual fue acusado el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá por
cuantiosos donativos de campaña ilegales de sus ejecutivos. “Si no
contratas a los clientes de Elías, no hay espacio para tí en el Gobierno (de
Ricardo Rosselló)”, dijo una fuente al CPI.
Una fuente
indicó que luego del huracán María, Sánchez, a través de Christian Sobrino,
trajo a la mesa a la empresa CSA, para que, a través de la Agencia para el
Manejo de Emergencias y Desastre (AEMEAD), obtuviera el contrato de inspección
de escuelas tras la emergencia. El contrato de $800,000 fue otorgado a finales
de septiembre de 2017 y cancelado poco tiempo después en medio de críticas,
incluyendo las de la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher. La semana
pasada Keleher también fue acusada por los federales en un esquema – hasta el
momento no relacionado – en donde BDO, Scherrer y Velázquez también eran
protagonistas.
El presidente
de la compañía, Frederik Riefkohl, negó rotundamente que CSA tenga relación
alguna, “directa o indirectamente”, con Elías Sánchez o con “ninguno de sus
asociados”. “Sánchez no ha
sido consultor, contratista, asesor ni director de CSA”, manifestó Riefkohl al
CPI, y resaltó que CSA es una empresa puertorriqueña que lleva más de 60 años
en operaciones y que ha contratado con el Gobierno a través de administraciones
de ambos partidos.
“No necesitamos
usar cabilderos ni a nadie como tarjeta de presentación con el Gobierno”,
añadió. CSA Architects
& Engineers ha logrado $26 millones en contratos en 10 agencias en esta
administración, según el registros de contratos del Contralor. El CPI contactó
a Sobrino para una reacción, pero no contestó al cierre de esta edición.
Durante una
rueda de prensa el martes, el CPI le preguntó directamente a Rosselló por qué
Sánchez tiene tanto poder y acceso directo a sus secretarios de gabinete y el
Gobernador evadió la pregunta. En vez, ofreció una respuesta confusa en la que
no rechaza que Sánchez tenga dichos accesos.
“Sí, bueno,
aquí hay personas que tienen distintas relaciones. Eso es relaciones [que] los
individuos establecen, pero por mi parte, yo me he encargado y mi trabajo es
encargarme de que exista un proceso, independiente de relaciones, de amiguismo,
de lo que sea, [y] el proceso sea lo que determine las acciones hacia
adelante”, contestó. Anteriormente,
en la misma conferencia, Rosselló dijo, también de manera escueta, que evalúa
“todos los contratos” relacionados a Sánchez.
No
todo eran contratos
Dos fuentes
dijeron que Laborers’ International Union of North America (LIUNA), cliente de
Sánchez, consiguió la orden ejecutiva del gobierno de Rosselló que aumentó a
$15 el salario mínimo en la industria de la construcción.
Asimismo el CPI
supo, por tres fuentes, que Sánchez y sus allegados gestionaban ante los
secretarios de agencias importantes beneficios económicos para sus clientes,
tales como exenciones y créditos contributivos, el pago de deudas atrasadas con
el Gobierno y la rebaja o condonación de deudas contributivas, entre otros.
También han
dado información que apunta a la intervención de otros cabilderos y abogados en
dinámicas similares durante esta administración. Sánchez no
quiso responder a preguntas sobre los señalamientos contenidos en esta
historia, aunque había hecho expresiones en junio negando haber participado en
algún acto de corrupción.
Respondió una
petición de entrevista del CPI en un mensaje de texto en el que indicó que “no
existe ninguna orden de arresto en su contra”.“No tengo
comentarios adicionales”, agregó.
Tras la
insistencia sobre la importancia de esta historia, en la que además se
mencionan los negocios de su suegra, ex funcionaria de Gobierno y ex asesora de
Pedro Rosselló y de Thomas Rivera Schatz, Katherine Erazo García, y su esposa,
la empresaria, cabildera y comentarista radial, Valerie Ann Rodríguez-Erazo,
Sánchez sostuvo por mensaje de texto: “En estos momentos me encuentro de
vacaciones con mi familia y no estoy disponible para entrevista. Varias
personas en mi familia no son figuras públicas, por lo que estaremos pendientes
para la acción correspondiente”.
Erazo García,
también exesposa del expresidente del Senado, Charlie Rodríguez, ha obtenido
contratos ascendentes a $357,500 con el Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio, y el Negociado de Telecomunicaciones a través de su empresa BCS
Consulting Group, con la cual también representa clientes privados en gestiones
ante el Gobierno y solo en el 2018 reportó $625,000 en ingresos al Departamento
de Estado, más que duplicando a 2017, cuando reportó $276,000.
Una porción de
los contratos revisados para esta historia es por servicios bonafide. Se
desconoce qué porción de estos fue a parar al pago de comisiones de cabilderos
e intermediarios, y a servicios inexistentes o sobrefacturados.También se
desconoce a cuánto ascienden las rebajas y créditos contributivos otorgados. El
Gobierno de Puerto Rico sostiene que la información relacionada a los
beneficios contributivos que concede, incluyendo los de las leyes 20 y 22, es
confidencial.
El
manejo de medios
Solamente en
contratos directos, Edwin Miranda y sus compañías obtuvieron más de $50
millones con 22 agencias de Gobierno. En el caso de Carlos Bermúdez, su
compañía de relaciones públicas, Ojo Creativo, consiguió 16 contratos con siete
agencias, para un total de $540,000.
Tres fuentes
indicaron que Bermúdez y Miranda presuntamente ejercían presiones a compañías y
a otros individuos para que contrataran con ellos en el ámbito privado si
querían hacer negocios con el Gobierno. Estos contratos, por ser privados, no
figuran en la Oficina del Contralor. Miranda y Bermúdez también fueron parte de
la Junta de Directores de Unidos por Puerto Rico. Actualmente no están
incluídos en su página oficial.
Una de las
empresas de Miranda, por ejemplo, fue contratada por Microsoft – uno de los
mayores contratistas del Gobierno y cliente de Sánchez, según dos fuentes – y
por Unidos por Puerto Rico, la organización sin fines de lucro creada por la
Primera Dama, Beatriz Rosselló, para el manejo de donativos tras el huracán
María. Unidos por Puerto Rico, cuya presidencia fue ocupada por el cuñado de
Elías Sánchez, Jorge del Pino, llegó a recibir $41 millones en donativos y
también está siendo investigada por las autoridades federales.
Aunque Miranda
ha dicho que el trabajo político partidista suyo se hacía mediante otras
compañías y no de KOI, el CPI supo que a principios de este año, el empresario
presuntamente instruyó a un grupo de sus empleados en KOI que tendrían que
hacer trabajo político entre sus labores con los clientes privados y de
Gobierno.
El publicista,
quien comenzó en el manejo político en la administración de Luis Fortuño, tiene
un total de cuatro compañías inscritas y dos fuentes con acceso a los
documentos aseguraron que existe facturación duplicada o falsa. El
representante independiente Manuel Natal refirió algunas de las irregularidades
en la facturación de las empresas de Miranda a las jefas de Fiscalía federal,
del Departamento de Justicia de Puerto Rico, de la Oficina de Ética Gubernamental,
y la Oficina del Contralor desde el 17 de noviembre de 2017.
El CPI intentó
contactar a Miranda para una reacción pero al cierre de esta edición no fue
posible comunicarse con él. Por su parte,
además de la política, Bermúdez lleva una larga trayectoria haciendo relaciones
públicas para figuras del mundo del entretenimiento y de la farándula, aunque
la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico aclaró que no está
licenciado en esta profesión. La ley de los relacionistas públicos prohíbe
actuar como tal sin tener licencia, aunque no conlleva penalidad. Entre modelos
y reinas de belleza, funge según el Departamento de Estado como presidente de
San Juan Moda y fue director ejecutivo de Miss Mundo de Puerto Rico. La cartera
de artistas de Bermúdez ha incluído figuras como la presentadora y modelo
Cynthia Olavarría, los raperos Tempo y Ozuna, Maripily, El Molusco y el
merenguero Joseph Fonseca.
En el caso de
Ozuna, el artista ha participado como talento de varios eventos públicos junto
al Gobernador. En el chat se menciona, por ejemplo, el tema musical Llegó
la Navidad de Ozuna y el cuatrista Christian Nieves, gestionado a
través de la Compañía de Turismo. El Molusco
aclaró que Carlos Bermúdez no es su representante ni relacionista fijo, pero
indicó que este sí le ha manejado las relaciones públicas en algunos proyectos
particulares. “Bermu trabajó uno o dos proyectos para mi. Carlos Bermúdez es
amigo de los artistas; es mi amigo”, afirmó.
Dijo que no ha
percibido dinero por las intervenciones en eventos de gobierno en los que
participó como talento luego del huracán, cuando se creó Unidos por Puerto
Rico. Aunque negó ser
el representante de Ozuna, Bermúdez, quien dijo estar fuera de Puerto Rico,
reconoció en declaraciones escritas que la compañía del artista lo contrata y
que ha sido contratado “en momentos” por los otros artistas. Sin embargo,
rechazó que sus clientes o él se hayan beneficiado de sus relaciones con el
Gobernador y el gobierno. También negó haber ejercido presiones para
contrataciones privadas por parte del sector público.
En el ámbito
político, además de representar a la comisionada residente en Washington,
Jenniffer González, al exalcalde de San Juan, Jorge Santini y la alcaldesa de
Ponce, María “Mayita” Meléndez, Bermúdez se presentaba como contacto de prensa
de los políticos Melinda Romero y Leo Díaz Urbina, su primo. González dijo tras
la publicación del chat que había cancelado su contrato, aunque Bermúdez quiso
hacer ver que era él quien había renunciado al mismo.
En la
administración de Ricardo Rosselló, Bermúdez ha controlado las relaciones con
la prensa y los medios de comunicación, al punto de ser la persona que
seleccionó a casi todos los directores de comunicaciones internos de las
agencias, así como a un consultor de medios externo adicional en la mayoría de
los casos. Según dos fuentes con conocimiento de primera mano, las
comunicaciones de casi todos los jefes gubernamentales eran canalizadas hacia Bermúdez
por medio de la directora de comunicaciones de La Fortaleza, Rossy Santiago.
“La realidad es
que quien puso a todo el mundo en sus puestos (de prensa y comunicaciones) fue
él (Bermúdez)”, aseguró una de las fuentes. Entre los
comunicadores clave que presuntamente colocó Bermúdez figuran personas
vinculadas al mundo de la farándula y ex periodistas, como Denisse Pérez,
actual secretaria de prensa de Rosselló, Rossy Santiago, la directora de
comunicaciones de La Fortaleza, Yolanda Rosaly y Farasch López en Educación,
Eric Perlloni en Salud, Alejandro Pabón en ASES, Maura Ríos, en el DDEC, Waldo
Díaz, en Corrección, Iván Caraballo en Autoridad de Asesoría Financiera y
Agencia Fiscal y María Batista en la Secretaría de la Gobernación.
Bermúdez aceptó
que participó del proceso de selección y recomendó algunas de estas personas,
pero negó haberlas escogido. “Algunos de estos los recomendé y fue una
determinación final, grupal donde terminaron conformando en el equipo. Fui
parte del grupo de trabajo para identificar talentos”, dijo. El CPI además
corroboró con varias fuentes la existencia de un chat entre los oficiales de
comunicaciones, en el que Bermúdez y Santiago daban instrucciones de cuándo y
cómo atender las peticiones de la prensa. “Yo no daba órdenes sino que era
parte del grupo de trabajo estratégico, éramos un equipo como los hay en todos
los gobiernos. Siempre procurando la respuesta a medios y que se atendieran las
peticiones de los medios”, reaccionó Bermúdez, aunque el CPI pudo ver
instancias en las que Bermúdez ordenaba que se le dieran largas a las
peticiones.
EL
CHAT FUE UN DETONANTE
El tema de la
corrupción en la administración de Rosselló Nevares, del que se han revelado
casos que parecen aislados, comenzó a explotar con la salida abrupta de Raúl
Maldonado, su visita al FBI y las declaraciones públicas de su hijo, Raúl
Maldonado Nieves, quien tildó directamente al Gobernador de “corrupto” e hizo
referencia directa a la presunta intervención de Rosselló para alterar la
auditoría al manejo de suministros del huracán María a la organización Unidos
por Puerto Rico para proteger a su esposa. A partir de esa fecha comenzaron a
filtrarse a la prensa pedazos de un chat del Gobernador con once miembros de su
círculo íntimo en el que propio Rosselló, sus funcionarios, asesores –
incluyendo a Bermúdez y a Miranda – y Sánchez hacían comentarios misóginos,
homofóbicos e insultantes a sectores de la población.
El sábado 14 de
julio, el CPI publicó 889 páginas
íntegras del chat y un reportaje en el que establecía cómo además
de insultos y burlas, incluyendo mofas sobre los cadáveres del huracán María,
Rosselló, sus funcionarios, asesores y Sánchez, quien no tiene ninguna relación
formal con el Gobierno de Puerto Rico, planificaban el uso de herramientas del
Estado para perseguir otros funcionarios, para manipular medios de
comunicación, e intercambiaban información privilegiada sobre las operaciones
gubernamentales. Desde el mismo sábado, el pueblo se tiró a las redes sociales
y a la calle en protestas que han continuado caldeándose en reclamo de la
renuncia inmediata de Rosselló.
El sábado,
después de que el CPI revelara el contenido íntegro del chat del gobernador con
sus figuras más allegadas, Rosselló anunció que ya no usaría el consejo y
servicios de la mayoría de los miembros del chat, algunos de los cuales no
tenían relación oficial con el Gobierno, pero se aferró a su puesto. Desde
entonces, ha sostenido que no va a renunciar.
Ese día, tanto
Bermúdez como Miranda anunciaron que renunciaron a todos sus contratos con el
Gobierno. En el caso de Sánchez, el Gobernador — de manera ambigua — manifestó
que “prescindió” de sus contratos. Pero Sánchez no ha tenido ningún contrato
registrado con el Gobierno. Rosselló tampoco ha sido claro en definir cuál
exactamente ha sido el rol de Sánchez luego de dejar la posición de
representante suyo ante la Junta de Control Fiscal.
Dos de los
miembros del chat, el principal oficial financiero y representante del Gobierno
ante la Junta, Christian Sobrino y el secretario de Estado, Luis Rivera Marín,
presentaron sus renuncias el sábado. La renuncia de Sobrino fue inmediata,
mientras que la de Rivera Marín es efectiva a finales del mes de julio. Otros
dos funcionarios públicos en el chat, el secretario de Gobernación, Ricardo
Llerandi y el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, permanecerán en
sus puestos.
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos
“Johnny” Méndez, ha tenido ante sí por casi un año un pedido de investigación
de las operaciones de cabildeo para empresas que hace Sánchez y sus asociados
sin estar debidamente registrados, y no ha hecho nada al respecto.
Por:
Carla Minet,
Laura Moscoso, Vanessa Colón, Damaris Suárez y Jeniffer Wiscovitch colaboraron
con esta historia.
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