Saturday, August 27, 2016

LA CORRUPCION PUBLICA





¿Callejón Sin Salida?
27 agosto 2016
Por Franklin D. López



Tomándome un café esta mañana con mi esposa Patricia, mientras leíamos los periódicos territoriales, me comentaba que “entre más cambian las cosas en Puerto Rico más permanecen iguales.” Le pregunté el por qué de su comentario. Me contestó, “en Puerto Rico la corrupción persiste como un cáncer terminal a pesar del procesamiento de cientos de casos en los tribunales Federales y coloniales y de leyes más fuertes y todavía continuan.” Se refería al más reciente caso de corrupción, el de Anaudi Hernández, Jaime Perelló y el Partido Popular. 
eelIVfwoUdpa63YYafa1ZR0EEwa-G3XzzJeDcYfRL-CIT57dAu7Q0XIqwrHq7R-kP6FfBg=s114.jpgLa corrupción es tan vieja como la prostitución. Es tan antigua, si es que le damos valor histórico a Adán y Eva, desde que Adán se corrompió comiendo la fruta prohibida y persuadió a Eva de su rico sabor! En Puerto Rico la corrupción comenzó bajo los gobernadores coloniales en el régimen Español y pasó el puente con el cambio de soberanía en el 1898. Desde que nos dieron la autoridad fiscal territorial se ha podido entretener a la población promoviendo el olvido del status político.
h-first-post27.jpgHoy en día Washington conoce y sabe todos los actos de corrupción que se cometen tanto allá, como aquí y en todas las principales capitales del mundo moderno, a través de la Agencia de Seguridad Nacional. Si los políticos de aquí no saben que la NSA graba TODAS las llamadas telefónicas de celulares no importa que usen teléfonos desechables, son ignorantes. Tienen equipos para decifrar las huellas de la voz humana como si fueran huellas digitales. La inteligencia que recopilan de llamadas las usan para proteger intereses nacionales, seguridad y para controlar y manipular, incluyendo políticos de sus posesiones. Esto tambien lo hace China, Rusia, Alemania, Israel, Inglaterra, Francia y la inmensa mayoría de los paises industrializados.

Lo más preocupante de la corrupción pública es cuando la enajenación colonial impide que el espíritu del ciudadano esté encadenado y pasivo frente a ella. !Eso ocurre en la “Isla del Encanto!” Las sociedades que asumen posturas de cero tolerancia contra la corrupción son aquellas que florecen y tienen gobiernos productivos y que le sirven bien a sus ciudadanos.Ahora saben por qué estamos como estamos.
Pero en Puerto Rico el colonialismo y el control de Washington de su territorio promueven conductas de impunidad o “para allá no voy a mirar.” Todos los partidos políticos han evolucionado para lo peor. En lugar de adoptar fuertes
medidas contra todos los tipos de la corrupción gubernamental se han desarrollado en “piñas”, gangas o grupos que se protegen entre si y expulsan, eliminan o neutralizan a los que cuestionan sus conductas criminales e ilegales o a los que pretenden promover medidas para evitar el pillaje público.

Hay que considerar el modelo Europeo de seis semanas de campaña política y ponerle seguros y severas sanciones al donativo político ilegal. Después de todo es la democracia y sus instituciones las que se corrompen y colapsan. Hay que castigar a los banqueros que hoy en dia le lavan el dinero a los políticos a través de inversiones y cuentas en el extranjero. Tambien a los empresario que por su poder económico la banca le facilita dinero en efectivo para sus compras de influencias y acceso al poder público. Pero eso lo tendrá que promover la Junta Fiscal de Control Federal y Administración.

La crisis de la deuda público y el colapso colonial que hoy vivimos tiene su raiz en esta oscura evolución de los partidos políticos. Washington le otorgó autonomía fiscal a Puerto Rico y los políticos de turno lo usaron desde el 1952 hasta el presente para robo, pillaje, malgasto y corrupción. La culpa entonces “no es del Americano.” La culpa es de todo el Pueblo que le siguió el gustito de la vida alegre y permaneció silente y pasivo. Puerto Rico es un pueblo enajenado y lo que es peor no lee y mucho menos la mayoría de sus funcionarios electos. ¡Por eso repiten los mismo errores de la historia!

La corrupción gubernamental no es sólo la de aquellos que se enriquecen de fondos públicos. Es más que eso. Incluye el hacer obras que no se necesitan (visiten pueblos en las Islas y verán parques, coliseos y edificios públicos en total abandono); en nombrar a familiares y a personas incapacitadas para ser servidores públicos con altos salarios. Envuelve el no hacer nada ante las injusticias, la discriminación, el abuso de poder tanto pública como privada.


La corrupción política y gubernamental se intensifica y se moderniza cuando en las elecciones de 1968 el Partido Popular funda el Club de los 600. Esta acción legitimó el inversionismo político y el “pay for play.” TODOS los partidos políticos crearon sus propias modalidades del Club de los 600. En los cuatrienios del 1992 al 2000 el PNP fundó “Los Empresarios con Rosselló.” Y la fiebre del “oro de los tontos” se regó como una epidemia por todo los partidos del archipiélago, inclusive los que viven del fondo electoral.

Lo más preocupante de todo es que en la inmensa mayoría de los casos de corrupción política y gubernamental se procesan a las sardinas y no a los tiburones. La explicación oficial que dan las agencias del orden público es que las instrucciones de Washington es darle más atención al narcotráfico; a los asesinatos y crímenes violentos. Tambien se ha dicho que no cuentan con los recursos y personal necesario para atender la magnitud de la corrupción. Estas posturas son parte del eco sistema que promovió la orgía de tomar prestado, gastar y gastar en obras faraónicas y desde 1973 hasta el presente le ha costado al Pueblo $27-mil millones que se han malgastado y robado.

El amigo y experimentado periodista Antonio Quiñones Calderón escribió una columna relacionado a su libro Corrupción e Impunidad en Puerto Rico y expresó lo siguiente, “En una reciente declaración que pasó inadvertida por la mayoría de los medios, la licenciada Zulma Rosario Vega, directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), hizo referencia a las más de 1,200 investigaciones sobre denunciadas conductas impropias e ilegales por parte de funcionarios y empleados que tiene en curso esa oficina. Muchas de las cuales, agregó, “son realmente calientes”. Rosario Vega dijo además: “no entiendo cómo es que la gente no aprende”.

Según el estatus es el tuétano de la crisis, tambien la corrupción pública es su hueso. La corrupción ha sido el mapa y el camino para que funcionarios electos y designados usen el poder para el malgasto y el enriquecimiento ilícito. Esa impunidad a la que se refiere Quiñones Calderón se ha extendido a la judicatura; a los sectores empresariales, a la educación a la salud y a todas las activdades del que hacer humano. Se le ha dado a muchas personas dirigentes de grandes empresas y bancos pasaportes ilimitados a la impunidad.

Esto ha llegado hasta la esfera de justicia Federal dónde recientemente a un juez se le permitió renunciar para evitar un mega escándalo de acoso sexual conocido intra muro por décadas en lugar de residenciarlo. Tambien se ha dado en fiscales que usaron sus posicions para investigar a ciudadanos y empresarios desde sus posiciones para luego representarlo una vez renunciaban a su cargo. Todo esto lo saben en Washington.

El caso de Anaudi Hernández y Jaime Perelló en la legislatura es una repetición de la historia. El jueves 24 de mayo de 1962 TheSan Juan Star publicó en su primera plana un artículo de fondo de Alex W. Maldonado, sobre el manejo ilegal de los

fondos públicos en la Legislatura, tanto por el Partido Popular Democrático (PPD), como por el Partido Estadista Republicano (PER). En el mismo estaban envueltos, de acuerdo a informes del Contralor de Puerto Rico de 1961 y 1962, Santiago Polanco Abreu, Arcilio Alvarado y Ernesto Ramos Antonini. Se alegaba que pagaron con fondos de la legislatura empleados de sus oficinas privadas de abogados, y a funcionarios que laboraban para el partido Popular a tiempo completo.

Ayer se publicó otra noticia que tuvo poca tracción en los medios, el caso de la Superintendencia del Capitolio y el robo de $ 2.3 millones con facturas falsas en obras fantasma. Pero la legislatura no es la única esferas de poder dónde la corrupción se ha institucionalizado. Agencias Federales investigan casos de corrupción judicial en San Juan, Bayamón, Aguadilla, Ponce y otros tribunales del territorio. Investigaciones de procesos judiciales arreglados con abogados y jueces corruptos son algunas de las investigaciones en curso.

Desde finales de Mayo del 2016 hay un grupo robusto de funcionarios del Departamento del Tesoro y otras agencias trabajando en las agendas prioritarias para la Junta de Control Federal y Administración. Mientras tanto los políticos criollos siguen en sus carnavalescas campañas enajenados y sin puta de idea sobre lo que viene.
¿Y qué hacer? ¿Permanecer como un espectador pasivo? ¿Permitir que se nos muera y vacie Puerto Rico? ¿Qué mensaje le enviamos a Washington si protegemos a los corruptos y a la corrupción? La IGUALDAD implica que la ley se aplica a todos por igual o no? La erradicación de la corrupción tiene que estar entre las primeras prioridades de los ciudadanos en escoger a sus representados. Tambien tiene que ser parte prioritaria de una conducta ciudadana responsible y denunciar y/o referir actos de corrupción de todo tipo. Washington con su Ley de PROMESA y la Junta Fiscal de Control Federal y Administración vienen con un cuchillo en la boca. El Senador Orrin Hatch ha hecho expresiones que la corrupción en Puerto Rico tiene que erradicarse. Sabe que las agencias Federales de ley y orden necesitan más recursos económicos y humanos para poder hacer la monumental limpieza. Eso espera el Pueblo. Si no lo hacemos ahora…¿Cuándo?



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THE JONES ACT & PUERTO RICO

Interested Corporations and Individuals who kicked out the Navy from Puerto Rico to take over the lands in Vieques and Roosevelt Roads, have also been trying to get Puerto Rico out of the Jones Act. The people of Puerto Rico are US Citizens and do not support or appreciate anything that will hurt the United States or Puerto Rico! People in Washington are on the side of the majority of the US Citizens of Puerto Rico. This well documented article refutes the theories promoted locally by Big Money Interests' goals and demolishes their false myths on the Jones Act & Puerto Rico!
MJ 

The Facts About The Jones Act and Puerto Rico
by International Shipping News
27/08/2016 

Over the past year, there has been debate about changes to the Jones Act in the context of Puerto Rico’s financial crisis. Congress has wisely rejected calls to change the law, and for good reason. Once the actual facts are considered, there is simply no justification for changing the Jones Act, for Puerto Rico or otherwise.

The Jones Act ensures that companies operating in the domestic commerce of the United States, including service to Puerto Rico, are subject to American laws. The military strategy of the United States also relies on the availability of U.S. vessels and crews and a shipyard defense industrial base, which the Jones Act supports. Further, as a Lexington Institute report recently noted, the “venerable Jones Act provides an important barrier to terrorist infiltration of the homeland.”

The opponents of the law ignore these national and economic security benefits and instead focus their attention on false and misleading statements about the cost impact of the Jones Act on Puerto Rico. Take, for example, the recent statements in an article titled “It’s Time To Abandon Ship On The Jones Act” by Daniel Garza, the executive director of The LIBRE Institute.

LIBRE proclaims that the Jones Act “comes at a cost of $682 million a year” to the United States. The source for that figure is a 2002 U.S. International Trade Commission (ITC) report that has been discredited by the U.S. Government Accountability Office (GAO), which called the ITC’s findings “uncertain,” “undeterminable,” “incomplete,” and “unverifiable.” The GAO further said “precise, verifiable estimates of the impact of the act are not available.” Because of the GAO report, the ITC completely abandoned that estimate and now says it cannot calculate the cost of the Jones Act, if any. In other words, LIBRE’s principal finding is not only wrong, but it also has been publicly acknowledged as wrong for more than a decade.

Further, LIBRE makes the claim that because of the Jones Act, Puerto Rico consumers are paying “more than double” the competitive price for everything shipped to the island and that “any product” shipped to the island comes at a higher cost. LIBRE’s claim is wildly off the mark. Ocean shipping costs for some of the most basic household goods – vegetable oil, canned soup, ketchup, milk, peanuts, pizza sauce – represent only 2 to 5 percent of the retail prices of these goods in Puerto Rico. That’s pennies on the dollar. If consumer goods really cost twice as much in Puerto Rico, another dubious statement to be sure, it is not because of the Jones Act.

LIBRE goes so far as to assert that the Jones Act is “adding $0.15 cents per gallon” to gasoline in Puerto Rico. Yet the Gasoline Retailers Association of Puerto Rico, just this past January, said that while gasoline in Puerto Rico was cheaper than in the mainland United States, it is currently higher than the mainland “due to the imposition of taxes on petroleum and its derivative.” Moreover, a majority of the gasoline used in Puerto Rico is imported from foreign locations using foreign-flag, non-Jones Act vessels.

The facts – independent, unbiased facts – simply do not support the assertions being made about the Jones Act’s impact on Puerto Rico. But, one thing is supported by the facts: a sure way to undermine Puerto Rico’s economy and its chances to redevelop a thriving economy is to drop the reliable service that the Jones Act provides.
Source: American Maritime Partnership, (By: Thomas A. Allegretti, Chairman, American Maritime Partnership)