SENADOR RIVERA SCHATZ, PRIMER POLÍTICO ELECTO DEL PNP QUE LE HACE FRENTE A LA SECCIÓN 936 Y AL MANTENGO CORPORATIVO

Advertencia al Task Force Congresional

EL VOCERO

11 de agosto del 2016
por Senador Tomas Rivera Schatz

Lo que los ciudadanos americanos de Puerto Rico necesitan es igualdad política y económica

El Partido Popular, a través de un grupo de mogules locales que siempre han vivido de la explotación de este pueblo con el colonialismo, entre los que figuran algunos banqueros, cabilderos y empresarios criollos, persuadieron al Congreso federal para incluir en la ley PROMESA el llamado “Task Force Congresional para el Desarrollo Económico de Puerto Rico”. En apariencias, la misión de ese Task Force es presentar un informe, antes de 31 de diciembre, con recomendaciones para nuevas leyes federales que supuestamente “ayuden” a sacar a Puerto Rico de la crisis fomentando su desarrollo socioeconómico.

Si la verdadera intención del Congreso y este Task Force fuese esa, entonces lo lógico sería que las principales recomendaciones de ese informe fuesen las más serias y efectivas: (1) Después de 118 años, eliminar con urgencia la condición colonial reconociendo que es la principal causa de la crisis socioeconómica de Puerto Rico y como consecuencia de la desigualdad política y económica; (2) Respetar y aceptar de inmediato en el gobierno federal el mandato electoral mayoritario de los ciudadanos de Puerto Rico para fortalecer su desarrollo socioeconómico con la igualdad de derechos y obligaciones como un estado de la Unión; o con la búsqueda de su propio destino político y económico como un país totalmente independiente o mediante un tratado de libre asociación con los Estados Unidos. Lo demás, sería alargar la agonía de esta colonia con más parchos, remiendos, privilegios contributivos y económicos como la Sección 936 que solo han sido disfrutados por los mogules del colonialismo; como lo hicieron durante décadas.

Estos mogules del colonialismo son los mismos que, en los tiempos de la Sección 936, aumentaron sus fortunas personales y corporativas, mientras Puerto Rico sufría la pobreza, las desventajas del colonialismo y se encaminaba a la presente quiebra colonial. Su único interés en lo que pueda producir ese Task Force es en ellos mismos y sus bolsillos. Por supuesto, siempre utilizan el “bienestar de Puerto Rico” como excusa porque ese depredador, el mogulismo colonial ha llegado al extremo de creer que si ellos están bien, entonces Puerto Rico también. Son los mismos que también convencieron al Congreso para incluir en PROMESA el lenguaje que arrebataría la protección del salario mínimo federal a nuestros jóvenes trabajadores.

Ese Task Force congresional no debe perder de vista que hay una regla universal: la actividad económica siempre ha sido una consecuencia de la estructura política; y nunca al revés. Por lo tanto, no se puede hacer progresar económicamente a una colonia de manera sustentable, mientras a sus ciudadanos americanos se les somete a desventajas políticas y la privación de derechos que son vitales para su máximo desarrollo socioeconómico.

Es falso que los pocos momentos de aparente bonanza económica de Puerto Rico se debieron a la aplicación de la Sección 936 del Código Federal de Rentas Internas, entre 1976 y 1996. Antes, durante y después de la 936, Puerto Rico siempre sufrió estrechez presupuestaria en comparación con sus necesidades; unos niveles de pobreza en su población y de desempleo que triplican las tasas promedio en los estados de la Unión; las contribuciones estatales y el costo de vida más altos, pero con los más bajos salarios a nivel nacional. La Sección 936 nunca eliminó ni redujo esos males socioeconómicos coloniales. Las altas y bajas en la economía colonial durante esos años se debían a que el ELA todavía tenía acceso al crédito público y a las emisiones de bonos que se le acabaron; y ahora se deben.

La 936 sí benefició a los banqueros, inversionistas y, principalmente, a las corporaciones multinacionales que producían o reportaban miles de millones en ganancias en Puerto Rico para no pagar impuestos federales al IRS, a cambio de depositar parte de esas ganancias exentas en los bancos locales para ampliar sus carteras de préstamos, inflar artificialmente el valor de las acciones bancarias y a cambio de producir menos de una décima parte de los empleos en nuestra fuerza laboral. En 1996, la Casa Blanca y el Congreso federal la eliminaron, precisamente, por lo que acabo de plantear. Esa 936 era un gran negocio para los mogules de aquí y del continente, pero no representaba una aportación real a la creación de empleos en proporción a sus enormes ganancias y tampoco una ayuda a los problemas socioeconómicos de Puerto Rico. De hecho, durante la vigencia de la Sección 936, se registró el aumento más grande de la historia en las ayudas federales y de bienestar social para Puerto Rico; el Tesoro federal se quedaba sin recaudar miles de millones anuales en impuestos corporativos debido a esa exención federal y la cantidad de empleos 936 se mantuvo estática durante los 20 años de su vigencia. ¿Regresará el Congreso a ese “welfare corporativo” cuando el mundo moderno ya sabe que las exenciones contributivas corporativas son un modelo económico arcaico e improductivo socioeconómicamente? Esa es la esperanza de los mogules para continuar con la colonia, pero ningún estado de la Unión ha necesitado eso para alcanzar mayor desarrollo económico que Puerto Rico.

Advertido el Task Force. Lo que los ciudadanos americanos de Puerto Rico necesitan es igualdad política y económica; aportar iguales responsabilidades a cambio de iguales derechos y beneficios. Cualquier recomendación en ese informe que solamente pueda ser aplicada a la condición colonial, sería un menosprecio a la dignidad de nuestro pueblo, negarnos la solución de la crisis y sentenciarnos a repetir los fracasos coloniales del pasado.