por Carlos Colon de Armas
Oct 27, 2012
El debate que ha girado en torno a la consulta plebiscitaria que se avecina, particularmente en lo que a aspectos económicos se refiere, ha estado muy confuso. En el proceso, no se le ha brindado al pueblo la información correcta que le permita tomar una decisión adecuada.
Por un lado, algunas personas se han dedicado a esbozar argumentos incorrectos sobre las diversas fórmulas disponibles. Por otro lado, hay quienes le dan más crédito al estatus actual del que se amerita a base de la evidencia disponible. Veamos, por ejemplo, los principales argumentos económicos esbozados por los defensores de las tres fórmulas de estatus en el debate del plebiscito el pasado 15 de octubre.
Juan Dalmau:
CIERTO: Durante el año fiscal 2011, el ingreso personal disponible de los puertorriqueños ascendió a $56,949 millones (Apéndice Estadístico, 2011, Tabla 1).
Con ese nivel de ingresos, hay quienes se empeñan en esgrimir el inverosímil argumento de que Puerto Rico le aporta alrededor de $60,000 millones a la economía de los Estados Unidos.
FALSO: Si absurda es esa cifra, el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño argumentó que esa contribución llega a más de $70,000 millones, lo cual es evidentemente falso.
Luis Delgado:
FALSO: El presidente de la Alianza pro Libre Asociación Soberana (ALAS) argumentó que, para poder participar de la globalización, Puerto Rico tiene que cambiar de estatus político y que adoptar la libre asociación es la mejor forma de lograrlo.
CIERTO: Lo cierto es que Puerto Rico ya participa de la globalización, aunque no muy efectivamente. Puerto Rico es parte de todos los acuerdos de libre comercio de los cuales Estados Unidos es signatario.
A manera de ejemplo, Estados Unidos es miembro del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (“General Agreement on Tariffs and Trade” o “GATT”) que hoy en día incluye a 153 países y que administra la Organización Mundial del Comercio. Ese acuerdo protege ya a las empresas puertorriqueñas. De la misma forma, por ser parte de los Estados Unidos, Puerto Rico ya participa de acuerdos tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (“NAFTA”, por sus siglas en inglés), el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (“CAFTA‑DR”, por sus siglas en inglés) y otros acuerdos similares de libre comercio. La realidad es que, para que la participación de la Isla en la globalización sea más efectiva, lo único que se requiere es la voluntad de las empresas puertorriqueñas y crear en la Isla el ambiente de negocios adecuado que les permita operar con una estructura de costos competitiva a nivel global. El “Estado Libre Asociado Soberano” no contribuiría en nada hacia el logro de esos objetivos.
Luis Fortuño:
FALSO: El Gobernador de Puerto Rico señaló que el estatus político actual le sirvió bien a la Isla durante las décadas de los años cincuenta y sesenta, pero que ya perdió utilidad. Ese argumento, aunque muchas personas lo utilizan, no tiene base alguna en la realidad.
CIERTO: La verdad es que el estatus político actual de Puerto Rico no se estableció en el año 1952, sino que sus principales componentes datan desde mucho antes de esa fecha. Además, no hay prueba que demuestre que ese estatus fue efectivo durante esas dos décadas. Por el contrario, la evidencia disponible tiende a sugerir que, en términos económicos, el estatus político actual de la Isla nunca ha sido beneficioso para los puertorriqueños.
Lo sorprendente de toda esa confusión es que el estatus político de Puerto Rico, más que un asunto económico, es fundamentalmente un problema de derechos humanos. El problema consiste en que, bajo el estatus político actual, a los puertorriqueños se nos violan nuestros derechos al tener que cumplir las leyes de un gobierno que no ayudamos a elegir y en el cual no tenemos participación efectiva. Encima de eso, le tenemos que pagar impuestos a ese mismo gobierno.
No se requiere un análisis complicado para demostrar que las dos alternativas que detienen esa violación de derechos también son superiores, en términos económicos, al estatus político actual.
Con relación a la estadidad, existen cincuenta estados y todos y cada uno de ellos están mejor, económicamente, que Puerto Rico. Por otro lado, de los muchos países independientes que existen hay muchos, aunque no todos, en mejores condiciones económicas que Puerto Rico.
En materia de estatus, quedarnos como estamos no puede ser una opción, pues ninguna sociedad que se respete a sí misma debe favorecer una condición política a través de la cual se le violan sus derechos. Para beneficio de los puertorriqueños, cambiar el estatus sería mejor desde la óptica económica también. El 6 de noviembre, ¡votemos por el cambio!
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