Wednesday, March 6, 2013

EN SEPTIEMBRE DECISIÓN CASO UBS

Podría alguien informarnos si en el caso del Sistema de RETIRO, los empleados del Gobierno de PR y pensionados somos los inversionistas que UBS defraudo?mj
6 de marzo de 2013 - 
NegociosPuerto Rico


La Comisión de Intercambio y Valores federal (SEC, por sus siglas en inglés) ha pospuesto hasta la primera semana de septiembre cualquier decisión sobre las alegaciones de fraude contra el presidente de UBS Financial Services of Puerto Rico Miguel A. Ferrer y uno de sus principales ejecutivos, Carlos J. Ortiz.

En una orden de cuatro páginas los comisionados concedieron la solicitud de la jueza administradora Brenda Murray para que se le diera un respiro de 6 meses antes de emitir una decisión en el caso de cese y desista contra los ejecutivos de UBS, acusados de alegadamente crear un esquema de “pump-and-dump”, es decir infla y bota. El SEC describe esta práctica como la de un corredor de valores que infla artificialmente acciones para beneficio propio pero cuya conducta termina victimizando a inversionistas inocentes que sufren pérdidas por pagar precios más alto de lo debido o que se ven imposibilitados de recuperar sus inversiones vendiendo al precio adquirido.

Los reguladores federales alegan que en el período del 2008 al 2009, “como consecuencia de la conducta de Ferrer y Ortiz, UBS PR descargó aproximadamente $35 millones en acciones de sus fondos mutuos cerrados, lo cual equivalía al 75 por ciento de su inventario, en inversionistas que perdieron aproximadamente $500 millones o del 10 al 15 por ciento del valor de sus carteras de inversión.”

Aunque el año pasado UBS accedió a transar por $26 millones el caso contra la corporación sin aceptar ni negar culpabilidad ante las alegaciones de fraude de los reguladores federales, Ferrer y Ortiz rechazaron cualquier acuerdo y han insistido que son inocentes de cualquier irregularidad.

Murray, que celebró ya vistas públicas en Puerto Rico y Estados Unidos, se suponía emitiera una decisión para el pasado lunes, 4 de marzo, de acuerdo con las reglas del SEC que requieren que a los 300 días de radicarse un caso se emita una orden inicial.

Pero la jueza pidió la demora aduciendo que “no será posible el cumplir con el plazo de 300 días porque los 13 días de vistas resultaron en un récord extenso que incluye más de 3,000 páginas de transcripciones.” Añadió que una moción final tiene que ser todavía radicada para el 22 de este mes, lo cual de todas maneras sería tres semanas más allá de la fecha límite de los tradicionales 300 días.

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