YESSSS ! ! Un triunfo pequeño, pero un triunfo.
Los PPD, los PNP, las multinacionales, los grandes intereses de PR y algunos sindicatos, todos enemigos tradicionales, luchan cogiditos de las manos en Washington por la 933A y el estancamiento del status de PR...y yo? en contra.
Bendito... si los que dicen ser estadistas lucharan así por la estadidad! Pero, ....están tratando de vendernos como lechones.
MJ
11 Noviembre 2011
Es poco probable que el proyecto que otorgaría un tratamiento preferencial a ciertas corporaciones en la Isla se incluya en el plan de ajuste fiscal estadounidense que se presentará a fin de mes en el Congreso federal.
Empero, la pieza puede ser parte de la reforma contributiva federal que se trabajará próximamente y esa, es la razón para que el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, insista en la aprobación del H.R. 3020 en el Congreso.
Pierluisi reconoció que la propuesta bipartita, gubernamental y empresarial enfrenta escollos e incluso, aceptó que el Comité Conjunto de Tributación (JTC, por sus siglas en inglés) podría dar un “score” negativo.
Pierluisi solicitó al JTC evaluar la pieza el pasado 27 de septiembre.
El JTC es una división congresional que se dedica a analizar el impacto que tendrán medidas de corte económico o contributivo en los recaudos del gobierno federal y ya ha dado malas notas -lo que supone no recomendar la aprobación de la medida- a otras iniciativas similares presentadas por otros congresistas.
En mayo pasado, la JTC rechazó una enmienda a la sección 965 que buscaba un tratamiento especial de pago de dividendos.
Para hacer contrapeso, el pasado 7 de octubre, Pierluisi y el gobernador Luis Fortuño, discutieron con el JTC los méritos de la medida descrita por el diputado federal como “original, pero sobre todo, pragmática”.
Según Pierluisi, lo mejor de su proyecto es que si una empresa quiere recibir los beneficios de la 933 A, tiene que pagar impuestos por sus ingresos alrededor del mundo, aún cuando la porción de ingreso generada en Puerto Rico sea exenta. Ello, agregó, puede ser favorable a la pieza, pues el gobierno federal no interesa aumentar sus gastos, pero tampoco quiere “perder ingresos”.
“(El H.R. 3020) ha sido redactado para prevenir abuso o manipulación corporativa”, insistió Pierluisi. “Tenemos que aceptar la realidad histórica y reconocer que todo tiene un costo. Más ahora en Washington”.
Aún cuando las recomendaciones para atender el déficit estadounidense no incluirán medidas contributivas, Pierluisi indicó que las reuniones de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) en la capital federal ayudarán a crear conciencia en torno a la necesidad de aprobar la medida.
Pierluisi hizo sus expresiones en un evento de la AIPR, donde los contadores Jorge Cañellas, Eduardo Sanabria y Carlos J. Bonilla insistieron en que la medida será beneficiosa a la economía de la Isla.
Según Cañellas, si la medida resultase en unos 50,000 empleos, supondría un beneficio a la economía y al sistema financiero.
Mientras Sanabria, destacó que la pieza beneficiaría a otros sectores económicos como el de alimentos.
No obstante, los contadores coincidieron en que la medida no debe tener requisitos de creación de empleos o de contratación de empresas locales porque las corporaciones necesitan “flexibilidad”. En este aspecto, el economista Iram Ramírez, quien representa a la Unión Internacional de Empleados Profesionales y Oficina, sostuvo que la pieza debe contener algún mecanismo que sirva para medir la efectividad del incentivo, en especial, porque los efectos de la desregulación se hicieron evidentes con la crisis del 2008.
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10 Noviembre 2011
12:03 p.m.
Arranca la ofensiva a favor de la 933
Congresistas federales escucharán a emisarios de Puerto Rico
Por Joanisabel González /joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
Un puñado de industriales, contadores públicos y abogados partirá hacia Washington la semana entrante para cabildear por la aprobación del proyecto 3020, que otorgaría un tratamiento preferencial a las corporaciones estadounidenses que se establezcan en la Isla.
Los emisarios locales de la 933a se reunirán con unos cinco congresistas y cuatro senadores en la capital federal para explicarles por qué un tratamiento preferencial a nivel federal podría revertir la masiva pérdida de empleos en una economía estructuralmente desarticulada.
“Si esta medida se aprobara, dando un boom a Puerto Rico, unos 50,000 empleos y directos van a suponer un cambio en la economía local y por ende, en el sistema financiero”, sostuvo Jorge Cañellas, uno de los integrantes de la delegación boricua.
Las reuniones se llevarán a cabo a partir del martes próximo, luego de que la oficina del comisionado residente, Pedro Pierluisi, gestionara los encuentros.
“Puede darse si hay ayuda de todos los jugadores”, manifestó el contador y abogado en Fiddler, González y Rodríguez.
Según Carlos J. Bonilla, presidente del comité de Asuntos Contributivos en la Asociación de Industriales (AIPR), a diferencia del cabildeo a favor de la sección 243 que concede tratamiento preferencial en el pago de dividendos o la ventana de tributación que se aprobó bajo la administración del presidente George W. Bush, la 933a sería favorable para la Isla y para el tesoro estadounidense porque se trata de ingresos prospectivos en las multinacionales que se beneficien de la tributación preferencial.
Los ejecutivos locales se reunirán con el republicano Rob Portmarn, miembro del súper comité de ajuste fiscal que tendrá que presentar un plan para las finanzas públicas estadounidenses a fines de este mes.
De igual forma, hay reuniones programadas con el senador republicano Orrin Hatch, miembro senior del comité de Finanzas del Senado federal.
Además, hay reuniones programadas con los congresistas demócratas Chris Murphy (Connecticut); Rosa DeLauro y Alcee Hasting (Florida) y los republicanos Jeb Hensarling y Sam Johnson (Texas).
Los esfuerzos de cabildeo en el Congreso federal se dieron a conocer hoy en un seminario acerca de la sección 933a, que se lleva a cabo la AIPR en el Marriott San Juan Hotel & Casino.
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Incierto el resultado de la Sección 933 A
Difícil determinar el impacto que tendría la medida en la economía boricua
Por Internews ServiceSan Juan - El proyecto que promueve el comisionado residente Pedro Pierluisi para la creación de la sección 933 A en el Código de Rentas Internas de Estados Unidos puede ser una estrategia para la atracción de nuevas inversiones, pero no atiende el desgaste del modelo económico de la Isla, los problemas de productividad ni la incapacidad del sector privado para generar empleos, explicó el economista José Alameda.
El proyecto H.R. 3020, Ley para la Inversión y Promoción en Puerto Rico (PRIPA) presentado por Pierluisi ante el Congreso, busca beneficiar con recortes contributivos a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) que se instalen como empresas domésticas. Las CFC podrán repatriar sus ganancias libres del pago de impuestos federales, lo que se traduciría en un atractivo para que desarrollen sus capitales en la isla y aporten a la creación de nuevos empleos.
El cabildeo por la Sección 933 A mantiene en gran actividad al comisionado y a representantes del sector empresarial e industrial de Puerto Rico, como la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y la Asociación de Bancos, instituciones que han enviado representantes a Washington para intensificar la presión en favor de la aprobación del proyecto.
Para el economista José Alameda, resulta difícil tener una idea certera del alcance, impacto y resultados concretos que puedan esperarse de la nueva estrategia con la que el gobierno apuesta a la creación de empleos y a la reactivación económica en la isla.
“Es obvio que un recorte contributivo para la repatriación de las ganancias presenta una ventaja a ser evaluada por las multinacionales norteamericanas, pero ellas también van a analizar los que les ofrece Singapur, China, India e Irlanda, en términos de competitividad y de eso va a depender su decisión de si les conviene traer sus plantas de producción a Puerto Rico”, consideró Alameda.
Mencionó que en el actual escenario internacional hay cerca de 25 factores que las empresas evalúan para escoger un destino de inversión.
“No son solo aspectos contributivos, ellas evalúan aspectos como el tamaño del mercado, indicadores económicos, infraestructura, costos de hacer negocios, innovación. Decidirán según los beneficios que le represente el país en términos de competitividad”, detalló, Alameda, quien tiene amplia experiencia en el área de la planificación.
Sostuvo que la medida que se cabildea en el Congreso estadounidense es una especie de reedición de la extinta sección 936, pero con menor alcance y con la misma vulnerabilidad.
“La 936 tenía incentivos mayores, entre ellos créditos por ingreso y por salarios. La propuesta que se maneja ahora se centra en incentivos fiscales para la repatriación de las ganancias. Y adolece de la misma vulnerabilidad de la Sección 936: de ser aprobada, nadie puede asegurar su permanencia”, subrayó.
A su juicio, el principal problema que tiene la economía puertorriqueña es su baja productividad, pues “no importan los incentivos contributivos, sin producción no tienes empleo ni tienes ingresos. Nuestra economía padece de un achicamiento estructural que significa que no se está produciendo bienes y servicios a un ritmo que nos permita crecer, generar riquezas y crear plazas de trabajo”.
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EL NUEVO DIA - Seccion 933A
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