Monday, October 3, 2011

ENEMIGOS POLITICOS VAN A WASHINGTON A FAVOR DE LA COLONIA

La cúpula empresarial, política y gubernamental de Puerto Rico llegarán unidos esta semana a Washington para cabildear por una nueva enmienda al Código de Rentas Internas federal que impacta permanente el status de Puerto Rico como una colonia de los EU. Jamas hemos visto estos sectores unidos de forma semejante para resolver ninguno de los problemos serios que tiene PR, incluyendo el crimen, la salud, la educación y especialmente la solución del status final de Puerto Rico. En resumidas cuentas, el mantengo corporativo y el dinero fácil es mas importante que la estadidad para la cúpula del PNP. MJ
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02 Octubre 2011
Incentivos al rescate
La enmienda federal que impulsa el Gobierno y el liderato empresarial se percibe como una respuesta al estancamiento de la Isla y al déficit estadounidense, pero no está exenta de escepticismo
Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
La semana entrante, la cúpula empresarial, política y gubernamental de Puerto Rico llegará a la capital federal en una coyuntura rara veces vista en la historia local y estadounidense.
Llegarán unidos para abogar por la adopción de una nueva enmienda al Código de Rentas Internas federal.
Pero también llegarán en medio del mayor caos de gobernanza que haya experimentado Estados Unidos a causa de la crisis presupuestaria que encara el gobierno federal.
Se trata de un plan de cabildeo para dar paso a la creación de la sección 933A en el código contributivo federal, un esfuerzo en el que también se ha incluido abogar por la aprobación de la Ley federal de Empleos de América, la pieza de fomento económico que impulsa el presidente Barack Obama. En ese ejercicio, el sector sindical pondera unirse a favor de la propuesta.
Como preludio a ese inusual despliegue de cabildeo boricua en la capital federal, Negocios conversó con los protagonistas de este nuevo capítulo en la gestión económica de la Isla para constatar que la propuesta sección 933A es vista como un salvavidas con doble propósito: auxiliar un Puerto Rico, cuya economía parece sumida en una profunda depresión y contribuir al Tesoro estadounidense, sediento de recaudos para cubrir un trillonario déficit fiscal.
No obstante, esa promesa enfrentará un alto grado de escepticismo y amplios cuestionamientos en el Congreso federal por diversas razones. Por un lado, la reforma al sistema contributivo internacional que impulsa la Casa Blanca busca cerrar los “huecos” que han sangrado el Tesoro federal y por otro, el poco éxito que han tenido tratamientos preferenciales pasados en cuanto a creación de empleos e ingresos a las arcas federales.
Momento singular
“Tenemos toda nuestra fe en esto”, dijo con voz firme, William Riefkohl, haciendo referencia al HR3020, radicado por el comisionado residente, Pedro Pierluisi, hace poco más de una semana.
A juicio de Pedro Watlington, presidente de la AIPR, la propuesta ha ganado fuerza porque la crisis ha terminado por juntar a todos los sectores en desgracia.
“Se necesitan empleos. Creo que el dato de la bajísima tasa de participación laboral ha sido una alarma para todos y eso, entre otras cosas, propició que se hicieran alianzas que antes parecían imposibles”, dijo Watlington.
Hace poco más de una semana, las estadísticas gubernamentales revelaron que la tasa de participación se ubicó en 39.7%, el indicador más bajo desde que se recopilan datos en torno al empleo en Puerto Rico.
Según Riefkohl, la emigración de otros 200,000 puertorriqueños, también sirvió para repensar la forma en que se proponen estrategias económicas. “Esta vez, se ha ido población altamente educada”, reconoció el ejecutivo, haciendo referencia a las características que propiciaron la emigración de boricuas a mediados del siglo pasado.
Desde la perspectiva del contador público Luis Torres Llompart, la propuesta se traduciría en “un caudal de inversión y empleos” para la Isla.
“Nadie puede estar en desacuerdo con la creación de empleos”, agregó Torres Llompart al señalar que la medida también representaría beneficios para Estados Unidos.
Previsión desfavorable
Al cabo de cinco años de estancamiento, Puerto Rico ha perdido más del 12% de su producto bruto interno y sobre 200,000 empleos.
De acuerdo con un análisis de la firma Lockwood Financial Advisors, desde el 2006, Puerto Rico ha recibido una inyección de unos $33,000 millones, incluyendo la masiva emisión de deuda del Gobierno, la recapitalización de los bancos y planes de estímulo federal como los llamados fondos ARRA.
Según el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento, William Lockwood-Benet, la magnitud de los esfuerzos de estabilización fiscal y económica en Puerto Rico es equivalente a aquellos que se implementaron en Portugal, Irlanda y Grecia.
El panorama, prevé el economista y experto en asuntos fiscales y financieros, podría complicarse más si se acelera la ya rápida contracción del enclave farmacéutico de la Isla.
En el análisis de Lockwood, las ventas globales de los fármacos que se producen en Puerto Rico (cuyas patentes expiran en los próximos años) se reducirán casi 12% el año entrante. En relación al 2007, las ventas globales menguarán en 39% para el 2016.
A menor venta de fármacos, menos contribuciones llegarán al fisco, lo que podría suponer serios retos para Puerto Rico, incluso para cumplir con los bonistas de Puerto Rico.
¿Desagravio por el 4%?
A preguntas de Negocios en torno a las razones para impulsar la propuesta, el gobernador Luis Fortuño, describió la 933A como “una oportunidad”.
Explicó que la 933A hace sentido para Puerto Rico y para Estados Unidos y a nivel local, es una estrategia que complementaría otras iniciativas de su administración como la reforma contributiva.
Fortuño agregó que la medida tampoco es incompatible con la Ley 154, que sirvió para establecer el llamado arbitrio del 4% a las foráneas, hace un año.
En realidad, la 933A podría compensar el efecto negativo que produjo la Ley 154 y que advirtió el sector industrial cuando objetó la acelerada aprobación de la pieza.
Por ejemplo, en su informe anual, Pfizer indicó a sus accionistas que la Ley 154 “tendrá un impacto negativo” en sus resultados entre el 2011 y el 2016.
Propuesta cuestionable
Aunque la realidad económica de la Isla es lo suficientemente dura como para convencer a cualquiera de que una asistencia es necesaria, la propuesta que busca conferir un tratamiento preferencial coloca a Puerto Rico y su liderato en una coyuntura incómoda.
“Es un error estratégico”, dijo sin vacilaciones Sergio Marxuach, director de Política Pública en el Centro para la Nueva Economía (CNE). “Es una propuesta que vuelve a montar nuestra economía en factores que no controlamos”, subrayó.
El CNE fue la primera institución de política pública que cuestionó y demostró evidencia empírica de que incentivos como la sección 936 no fueron tan beneficiosos para el empleo y la economía como se alega.
A ese trabajo se agregan otros del Centro de Política y Presupuesto del Servicio de Rentas Internas federal (CPP) y los muchos reportes del Comité Conjunto de Tributación en el Congreso, el mismo organismo que tendrá que pasar juicio sobre la 933A.
“Me decepciona mucho que el lugar donde encontramos consenso sea en un paso hacia atrás”, dijo Miguel A. Soto-Class, presidente del CNE.
Marxuach y Soto-Class rindieron loas al consenso empresarial, bipartita y en principio, sindical, pero también reconocieron que la propuesta tiene pocas probabilidades de aprobarse, precisamente, por la data empírica en contra de iniciativas similares.
El reporte del CPP, por ejemplo, concluyó que la ventana de repatriación que ofreció el presidente George Bush en el 2004 no contribuyó al Tesoro estadounidense.
Según Marxuach, para ese momento se repatriaron $312,000 millones en ganancias y el impacto al Tesoro estadounidense fue mínimo.
“Cuando las compañías repatriaron en el 2004, utilizaron 91 centavos de cada dólar para pagar dividendos a los accionistas y recomprar sus acciones”, dijo Marxuach, al agregar que en esa repatriación las empresas de Puerto Rico enviaron unos $3,000 millones a sus matrices en Estados Unidos.
Tarea difícil
“Va a tener que ser una propuesta blindada”, dijo por su parte el economista Juan Lara haciéndose eco del escepticismo que, sin duda, recibirán el liderato puertorriqueño en Washington.
El gobierno de Estados Unidos necesita dinero y necesita estabilizar su situación fiscal. Esa es la forma en que el Tesoro mirará la propuesta, agregó el economista.
Lara reconoció la álgida coyuntura que vive el país, pero indicó que se le hace difícil pensar que no existan otras alternativas. “El futuro de la Isla no está amarrado únicamente a esto”, indicó.
“Si no podemos demostrar que esto va a crear empleos sustanciales y que beneficiará al Tesoro se convertirá en una pérdida de tiempo”, advirtió.
Empero, Francisco Rodríguez Castro, fundador de la Coalición del Sector Privado, cree que la propuesta toca a las puertas del Congreso en un momento totalmente distinto. “La gran diferencia en esta ocasión es que tenemos un mundo afectado globalmente. Las condiciones han cambiado radicalmente”, dijo el ejecutivo.
Explicó que la medida podría rescatar parte de los $2.5 billones de ganancias de empresas estadounidenses en el exterior. Si eso se logra, sostuvo que Estados Unidos recibiría “una inyección sustancial” de recursos; las empresas podrían hacer nuevas inversiones y se crearían empleos en la Isla y a nivel continental. “Esta es una solución práctica”.
Agregó que Irlanda, Singapur y otras potencias se convirtieron en jugadores de peso, una vez la legislación tributaria provocó que las empresas estadounidenses buscaran destinos de negocios con menos carga contributiva.
Ahora, según Rodríguez Castro, la 933A podría ser “una oportunidad única” para regresar a suelo estadounidense los empleos e inversiones que han ido a parar al resto del mundo.
Solución distinta y temporal
Xenia Vélez, quien asesora a la administración Fortuño, indicó que la propuesta puede ser factible, porque en esta ocasión, Puerto Rico lleva una idea que beneficiaría a Estados Unidos. “Toda relación tiene que representar un beneficio para ambas partes”, agregó la perita en impuestos.
Ahora, señaló que la propuesta de la administración Fortuño, solo puede verse como “un puente para crecer”.
“Si tenemos las piernas rotas, tendremos que usar estas muletas. Lo importante es que trabajemos para que no las utilicemos más”, agregó.
“Si logramos eso, es un paso en la dirección correcta”.