7 de octubre de 2019
La Corte Suprema de los
Estados Unidos se negó el lunes a entablar una disputa sobre los activos del
mayor fondo de pensiones del sector público de Puerto Rico, incluso cuando la
bancarrota del territorio de la isla caribeña de los Estados Unidos entra en una
nueva fase importante.
Los jueces dejaron en su
lugar un fallo de la corte inferior de enero de 2019 que encontró que los
tenedores de bonos que poseen casi $ 3 mil millones de deuda emitida por el
Sistema de Retiro de Empleados de Puerto Rico tienen un reclamo legítimo sobre
los activos del fondo de pensiones. Los jueces se negaron a escuchar una
apelación de la junta de supervisión financiera creada por el gobierno de
Puerto Rico de ese fallo.
La Junta de Supervisión y
Administración Financiera de Puerto Rico dijo que la decisión no afectará el
plan de ajuste propuesto que presentó en la corte federal el 27 de septiembre
para la deuda gubernamental central de la isla en bancarrota, que incluye un
pasivo por pensiones no financiado de más de $ 50 mil millones.
La asignación del plan de
una recuperación del 13% para la inversión de los tenedores de bonos no estaba
supeditada al resultado de este caso, según un comunicado de la junta.
Mientras tanto, el litigio
sobre la validez de los bonos y el alcance del interés de seguridad de los
tenedores de bonos está en curso.
El litigio del fondo de
pensiones se remonta a 2017, cuando la junta inició la bancarrota de Puerto
Rico y cuestionó los reclamos de los tenedores de bonos sobre esos activos.
La jueza de distrito de
los Estados Unidos, Laura Taylor Swain, quien maneja el asunto, dictaminó que
los tenedores de bonos "no poseen un interés de seguridad
perfeccionado" sobre la propiedad prometida por el sistema de jubilación
para pagar la deuda. El fallo del juez señaló el uso de una versión incorrecta
del nombre del fondo de pensiones en los estados financieros.
La Corte de Apelaciones
del Primer Circuito de los Estados Unidos, con sede en Boston, revocó el fallo
y decidió que "los tenedores de bonos cumplieron con los requisitos de
perfección a partir del 17 de diciembre de 2015".
En su petición ante el
tribunal superior, la junta argumentó que la revocación del tribunal de
apelaciones amenazaba "la capacidad de los acreedores de todo el país para
participar en préstamos garantizados" al tratar la cuestión del nombre
incorrecto como una circunstancia única.
Después de quedarse sin
activos de pensiones, el gobierno de Puerto Rico recurrió a un sistema de
"pago por uso" en el que todos los costos públicos de pensiones se
pagan a través de su fondo general anualmente.
El tribunal tomó medidas
el lunes el primer día de su nuevo mandato de nueve meses.
El 15 de octubre, la Corte
Suprema debe escuchar los argumentos en otro caso relacionado con la junta de
supervisión de Puerto Rico sobre si los miembros de la junta fueron nombrados
legalmente.
Reporte de Karen
Pierog en Chicago; Informes adicionales de Lawrence Hurley en Washington;
Edición por Matthew Lewis
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