GUISAN MUCHOS BAJO EL PPD

29 de mayo de 2012 -

EL VOCERO 

Igualas provocaron crisis presupuestaria

Un examen del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor bajo las administraciones de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá reflejó que se otorgaron más de 257 mil relaciones contractuales, por la cuantía de cerca de $14 mil millones a contratistas privados. Foto: EL VOCERO / Archivo / Luis Alberto López.

Un examen del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor bajo las administraciones populares, entre los años 2001 al 2008, reflejó que pese a la gran crisis económica que obligó al cierre del Gobierno, se otorgaron más de 257 mil relaciones contractuales, por la cuantía de cerca de $14 mil millones a contratistas privados, quienes principalmente eran recaudadores, donantes, asesores y amigos de los líderes de esa colectividad.

La magnitud de la cifra de $14 mil millones representa aproximadamente el presupuesto de dos años fiscales del Gobierno, de las partidas que ingresa Hacienda.

Aun cuando líderes del Partido Popular Democrático (PPD) acusan al gobernador Luis Fortuño de beneficiar a sus amigos políticos, lo cierto es que el análisis de las dos administraciones de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá demuestra que ellos incurrieron en ese patrón de igualas cuando el déficit presupuestario era mayor, e inclusive beneficiaron a patronos del propio aspirante a la Gobernación, Alejandro García Padilla, y del candidato a comisionado residente en Washington, Rafael Cox Alomar.

La astronómica cifra de $14 mil millones en igualas de servicios y asesorías que fueron tomadas en consideración durante la investigación periodística, se distribuyen en las siguientes categorías de contratos, según las clasifica la Oficina del Contralor: servicios de publicidad, representación o artísticos, de adiestramiento y orientación, legales, de consultoría administrativa, técnicos, contabilidad y personales no profesionales.

Un pequeño grupo de allegados al PPD se llevó contratos que sobrepasaron los $550 millones del Gobierno. Entre ellos se encuentran: la otrora agencia de publicidad del PPD, Lopito, Ileana & Howie, Eduardo Rivero, Marisara Pont, Juan Arteaga Medraño, Edgardo Rivera, Jorge Orama, Bernardo Medina, Luisito Vigoreaux, José Castrodad, Enrique Vilá del Corral, Atilano Cordero Badillo; Pedro Ortiz Álvarez; Nicolás Gautier; René Arrillaga; Edwin Quiñones; el bufete de Reichard y Escalera, Celina Romany Siaca, la hermana del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, Zaideé, Ramón Velasco Escardille, Héctor Luis Acevedo, Angel Matos, el exjuez Ángel Hermida, el excomisionado residente Antonio Colorado, Joaquín Viso, el comentarista radial Luis Pabón Roca y su socio Irving Faccio, actual director de campaña de García Padilla.

También, varios expatronos de Alejandro García Padilla y Rafael Cox Alomar recibieron contratos por millones de dólares en asesorías y servicios.

Hasta conocidos economistas muy consultados por algunos medios de comunicación, recibieron contrataciones del Gobierno a niveles millonarios.

En el análisis no se incluyeron miles de millones de dólares adicionales que se destinaron a otros tipos de contratos de construcción, compras de bienes y de equipos del Gobierno. En estos contratos de construcciones y compras, sin embargo, se destacan casi $100 millones a la firma constructora Target Engineering, del esposo de la exsenadora Victoria ‘Melo’ Muñoz Mendoza, Minás Papadakis; y sobre $210 millones a la petrolera Caribbean Petroleum Corporation (Capeco), de Ram Zeevi, quien acompañó a García Padilla en su controvertible viaje a Europa y el Oriente Medio.

Durante esos ocho años todos esos contratos se pagaban de los fondos ordinarios, estatales y federales, que se asignan en el presupuesto de Puerto Rico. No había asignaciones adicionales ni especiales como, por ejemplo, el refuerzo de fondos federales conocido como ARRA (Ley Federal para la Recuperación y la Reinversión Americana) que fue implantada en el 2009 por el entrante presidente Barack Obama para revitalizar la economía en medio de la recesión económica que había surgido en los Estados Unidos en el año 2008.

A partir del año 2009, años después de iniciada la llamada recesión criolla de las administraciones populares, ARRA representó una inyección de cerca de $6 mil millones adicionales en fondos federales para obras, servicios e incentivos económicos a los individuos. Se calcula que casi $2 mil millones de esos fondos fueron específicamente asignados por el Gobierno federal para servicios a los ciudadanos a través de contrataciones privadas a partir del año 2009.

Si una parte sustancial del presupuesto público se utilizaba para repartir ese tipo de contratos por igualas, el Gobierno se quedaba corto para sus operaciones regulares y debía seguir tomando prestado. De manera que la otorgación de contratos contribuyó a duplicar la deuda pública histórica de Puerto Rico de $25 mil millones a $55 mil millones.

Ha trascendido también que las dos administraciones del PPD entre el 2001 a al 2008 incurrieron en la práctica de inflar los estimados de ingresos al Presupuesto General para así aumentar los gastos, las contrataciones a activistas y amigos de los líderes de ese partido. El resultado fue un déficit presupuestario de $3,300 millones y una de las peores crisis económicas y presupuestarias de la historia.

Además de tomar tantos préstamos con cargo al Pueblo de Puerto Rico en medio de la repartición de contratos, durante esos ocho años también se aumentaron las contribuciones; se redujo el presupuesto de la Reforma de Salud en más de $300 millones cancelando a 200 mil beneficiarios; se aumentaron en tres ocasiones las tarifas de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se pasó a los consumidores las decisiones sobre compra de combustible para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), hubo incrementos en costos de los peajes de las autopistas, las matrículas en la UPR, las tablillas de los automóviles; y se impuso el IVU de siete por ciento. Ello unido al cierre del Gobierno por falta de recursos fiscales.

Durante esa época todos los líderes políticos y funcionarios del Partido Popular endosaron, con sus expresiones o su silencio, esas descomunales contrataciones. No hay récord público de críticas por parte de ninguno de ellos.

Es de conocimiento general que desde hace casi cinco décadas el Gobierno de Puerto Rico adoptó la práctica de otorgar contratos a individuos y empresas privadas para la prestación de servicios y la realización de proyectos que no deben estar en manos de las torpezas burocráticas y los altos costos operacionales fijos que tiene el Gobierno.

No obstante, en la actual campaña política tanto el candidato a la Gobernación popular, como el resto de sus líderes, repiten sus críticas a la presente Administración por el otorgamiento de contratos a empresas privadas, incluyendo a muchas que también recibían contrataciones durante las administraciones del PPD.

Tradicionalmente, cada partido político en el poder trata de explicar que son contratos otorgados mediante procesos de subastas, propuestas competitivas, servicios de confianza o porque son fondos asignados por el Gobierno estatal o federal para propósitos específicos cuya prestación resulta más eficiente o económica en manos privadas. Los líderes populares han utilizado esas mismas argumentaciones para defender las contrataciones de sus administraciones, pero contradictoriamente las rechazan cuando las plantea una Administración del PNP.