“¡Arrástrate como un gusano!”, gritaban soldados a Paula Colmenares Boscán, una estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, tras ser detenida en el este de Caracas en una movilización contra Nicolás Maduro en julio. “Me arrestaron decenas de militares. Me manoseaban la entrepierna mientras me trasladaban en una motocicleta. Me cubrieron la cabeza, me golpearon y robaron el celular. Solo me liberaron cuando se hizo viral una foto en la que aparecía siendo arrestada”, dice.
Tamara
Taraciuk, de Human Rights Watch (HRW), dibuja un perfil de los torturados. “Son
mayormente disidentes o críticos. No son solo aquellos líderes opositores
conocidos, sino que se trata de ciudadanos de a pie que el Gobierno considera
disidentes simplemente por participar en manifestaciones o por estar pasando
cerca de una”, explica.
En junio,
Mileidy González, una joven auxiliar de enfermería, fue detenida por agentes de
la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando caminaba cerca de una protesta en
Barquisimeto, capital del Estado de Lara (oeste). “En la comandancia policial
me ataron por las muñecas, me colgaron y así comenzaron a golpearme una y otra
vez. Amenazaron con violarme y sembrarme droga si denunciaba, me destrozaron”,
dice.
Sus evidencias son fotos, recuerdos, cicatrices en la piel y una lesión
en el bazo. González estuvo hospitalizada ocho días después de ser salvajemente
golpeada, pero nunca recibió un informe médico que certificara su condición
durante el arresto. “Ningún doctor se atrevió a dármelo. Ni siquiera quisieron
darme una constancia médica en un CDI [Centro de Diagnostico Integral, red de
ambulatorios creada por Hugo Chávez]”, explica. Sus agresores están en
libertad, mientras ella debe presentarse cada mes ante un tribunal, imputada
por daños violentos y resistencia a la autoridad
Gaetano
Costa, un politólogo de 42 años, ya había experimentado los excesos de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) en 2014. En mayo de
ese año fue detenido en una protesta. “No estaba solo. Varios manifestantes
fueron detenidos ese día. Nos encerraron en una oficina en el interior de una
comandancia de la GNB. Allí nos golpearon, amenazaron con desaparecernos, nos
apuntaron con armas de fuego y hasta lanzaron dos bombas lacrimógenas. Parecía
una cámara de gas nazi. Los militares decían que íbamos presos por guarimberos
[opositores]”, recuerda Costa, militante de Voluntad Popular, el partido del
preso político Leopoldo López, y regresó a las calles para protestar nuevamente
contra Maduro este año. Fue detenido y golpeado, una vez más, en Lara.
González
opina que su testimonio puede ser útil para ventilar los atropellos de las
fuerzas policiales en el exterior. Andrés Colmenarez, director de la ONG
Funpaz, certifica este trato cruel contra los opositores. Paula, la estudiante
pisoteada por militares, es la mayor de sus tres hijos. “Son casos
excepcionales, por lo general la mayoría no se atreve a ser identificado. En
las protestas de 2014 unas 80 personas denunciaron torturas en Lara, este año
han sido 20. Eso no nos habla de una disminución de los casos, sino de los
ciudadanos que se atrevieron a hacer públicos estos abusos”, expone.
MIEDO A
DENUNCIAR
La abogada
Tamara Bechar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés
Bello, confirma que la alta impunidad puede influir en que las víctimas no
quieran denunciar. “He defendido a dos menores de edad, de 16 y 17 años,
detenidos durante una protesta. Ellos comentaron en su audiencia de
presentación sobre los maltratos físicos y hasta actos lascivos cometidos
contra uno de ellos por fuerzas de seguridad del Estado. Todo eso está
registrado en actas. No pasó nada contra sus agresores, unos militares”,
explica. Para Taraciuk es elemental que se documenten estos casos. “Hoy en día
es impensable que se haga justicia en Venezuela porque el poder judicial es un
apéndice del Ejecutivo”.
Spider-Man,
alias de un miembro del autoproclamado Movimiento de la Resistencia
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