Millonarios que se benefician de los incentivos de las leyes 20 y 22 de PR

Inversionistas aseguran que contribuyen pese a no pagar impuestos

                          John Paulson

John Paulson es uno de los millonarios que se benefician de los incentivos de las leyes 20 y 22. (Archivo/NotiCel)

por Eva Laureano
21/02/2015 

El líder de la entidad que agrupa a individuos adinerados que se han mudado a Puerto Rico atraídos por leyes que les permiten vivir aquí pagando poco o ningún impuesto, defendió que contribuyen positivamente a la economía del país.

La entidad Act 20/22 Society fue creada para educar sobre los beneficios de los incentivos contributivos de Puerto Rico, forjar una comunidad y proteger sus intereses, y su líder Robb Rill, aseguró que las 800 personas y negocios que han tomado ventaja de los beneficios otorgados bajo la leyes 20 y 22, han creado cientos de empleos e invertido “billones” en servicios profesionales y propiedades.

Según Rill, hay unos 500 individuos inversionistas que se han mudado a la isla, además de unos 350 negocios e individuos que se benefician de la Ley 22 que provee incentivos en las exportaciones. “No está lejos de los billones (en aportación) y está creciendo”, aseguró Rill, al destacar que el resto del país se beneficia de esas inversiones.

La propuesta Reforma Contributiva no tocaría las leyes 20 y 22, lo cual ha sido criticado debido a que la clase media y clase media alta sí pagaría impuestos, a lo que Rill refutó que todo el mundo tendrá que pagar un impuesto de 16%. No obstante, cualquier impuesto adicional que se tenga que pagar por ellos será posiblemente más bajo que lo que paguen en los Estados Unidos continental.

El también director gerencial de Strategic Group PR dijo que el Act 20/22 Society contribuye a la sociedad puertorriqueña al crear un fondo para ayudar a necesitados y otros programas, como uno para que los niños desventajados puedan tener acceso a la tecnología.

Además de educar a otras personas sobre los beneficios de las leyes 20 y 22, la organización orienta acerca de la Ley 273, la Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional, que quiere promover actividades bancarias en la isla.

Un informe de KPMG recomendó hacer cambios a la Ley 20 para condicionar sus beneficios a cierta cantidad mínima de actividad económica y que se elimine la Ley 22.

Rill dijo que coincide con el informe de KPMG que destaca que los incentivos se deben de revisar y monitorear. La Legislatura ha dicho que evaluará todos los incentivos. “Coincido en que se tiene que hacer una evaluación de todas las métricas y no solo creación de empleos”, sostuvo.

La Ley 22, conocida como la  “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, promueve que individuos que no hayan sido residentes de Puerto Rico por al menos los últimos seis años establezcan su residencia en Puerto Rico. La ley les exime totalmente del pago de contribuciones en Puerto Rico del ingreso pasivo devengado por estos con respecto a sus inversiones. También los exime de los impuestos sobre ganancias de capital amasadas y aplica tanto cuando el individuo invierte directamente en bonos, acciones u otros instrumentos de inversión, como cuando dicho individuo invierte a través de fondos mutuos de Puerto Rico o a través de una entidad bancaria internacional de Puerto Rico.

Mientras, la Ley 20, conocida como la “Ley para Fomentar la Exportación de Servicios”, provee para que los negocios elegibles paguen una tasa fija de contribución sobre ingresos de 4%, la cual se reduce a 1% en ciertas condiciones, que incluye la cantidad de empleos.

De otra parte, Rill dijo que el Act 20/22 Society educa a los residentes que se interesen en mudarse a Puerto Rico sobre la necesidad de cumplir con la ley, no solo la local sino con los requisitos del Servicio de Rentas Internas federal (IRS). Uno de los requisitos es que, en efecto, las personas tienen que estar conscientes de que tienen que vivir en Puerto Rico y que no solo sea algo que aparece en papel.

Según Rill, una de sus metas es evitar que ocurra en Puerto Rico lo que pasó en las Islas Vírgenes a mitad de la década del 2000, cuando el IRS comenzó a auditar a cientos de estadounidenses que se habían mudado a esas islas para pagar menos en impuestos para asegurarse que cumplían con los requisitos de residencia.

“Eso ocasionó un pánico y fue malo para todo el mundo”, dijo Rill.

Agregó que vive en la isla desde 2013 pero que como antes residía en Miami el cambio no fue difícil, pero para algunas personas el cambio es un poco difícil porque el estilo de vida es más lento.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) aseguró que con las leyes 20 y 22 se han invertido $6,000 millones y creado 1,000 empleos, y sostuvo que las mismas no se tocarán.

Igualmente, el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, defendió que “como van dirigidas a una actividad económica en específico, según el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (Alberto Bacó), es una de sus principales herramientas. Yo creo que hay que darle una espacio a esa legislación para poder evaluarlas con calma”. No obstante, no pudo precisar si Bacó presentó evidencia de cuántos empleos se han creado ni cuántas inversiones han realizado estas entidades o individuos a raíz de estos incentivos.

Recientemente, el DDEC afirmó que tiene como meta otorgar 1,000 incentivos entre ambas leyes. La expectativa del Gobierno es dar 400 beneficios adicionales por medio de la Ley 20. Al presente, unas 340 compañías locales e internacionales han obtenido los beneficios contributivos de la Ley, que incluyen una tasa contributiva inicial de 4%, exenciones en dividendos o distribución de ganancias por servicios de exportación, y en contribuciones sobre la propiedad para ciertos servicios de exportación.

Otras empresas que han recibido estos beneficios son: 3.5.7.11 Management Holding, LLC. (exsocio director de Pharos Capital Group, LLC., Dale LeFebvre); Acrecent Financial Corporation (el exvicepresidente y exgerente de la División de Financiamiento Estructurado del Banco Popular, Raúl Cacho, y el expresidente y exgerente de Región del Caribe de GE Capital, James Connor); ACV International & Consulting Solutions, LLC. (Aileen Camacho Vallejo); AJA Management and Research, LLC. / Nine Points Capital Advisors, LLC. (gestor de fondos de riesgo en Seattle, Damon Vickers); AltVest Capital, LLC. (director general de Avidity Capital Partners, LLC., Chris Streib y el director ejecutivo de Palladium Group, Inc., John McClellan); Álvarez-Díaz Group, PSC (Ricardo Álvarez Díaz); A.M.M.V.R. Group, Inc. (el dueño de  Metro Pavia Health System, Eduardo Artau Gómez, y Carmen Feliciano Vargas); AT Financial Services, LLC. (miembro del comité de transición de la administración de García Padilla, Juan Acosta Reboyras y Adam Thorpe); Betis Products, LLC. (miembro de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, Charlie Sánchez Class); y Black Knight Organization, LLC.

Una de las entidades que se ha beneficiado de esta legislación es la firma Zaragoza & Alvarado, PSC., a la que Zaragoza Gómez, durante su nominación pidió a la Oficina de Ética Gubernamental crear un fideicomiso ciego para evitar cualquier conflicto de interés.

En cuanto a la Ley 22, el DDEC señaló que su meta es aprobar otros 600 incentivos más. Actualmente, se han dado 509 beneficios a través de esta legislación, pero el Departamento no proveyó la lista de beneficiarios aludiendo que un, “análisis legal concluye que estos son distinguibles de los decretos otorgados bajo la Ley 20, puesto que los primeros se otorgan a personas naturales y no a compañías. Como parte del proceso de solicitud y evaluación previo a la otorgación de los decretos de Ley 22, el o la solicitante debe ofrecer información personal cuya divulgación pública podría lacerar su derecho a la intimidad como persona privada”.