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Bacó desafía los ánimos crispados en EE UU por su refugio contributivo para ricos
La Ley 22 no es como la Sección 936, estatuto federal que daba créditos contributivos a subsidiarias de compañías manufactureras americanas que se mudasen a la isla y que fue eliminado por el Congreso, según Bacó.
“Esto nace de nuestra autonomía. No hay forma que el Congreso pueda actuar como hizo con la Sección 936”, dijo a NotiCel recientemente.
Aunque el Congreso todavía no ha actuado en torno a una reforma contributiva, varios congresistas han expresado su molestia en torno a la Ley 22.
El senador Chuck Grassley, un Republicano de Iowa, dijo a Fortune Magazine que la situación podría provocar que Estados Unidos mire cómo los territorios son tratados bajo las leyes federales. “Armonizar las leyes de los territorios podría ser algo que se miraría si el Congreso y el presidente hacen una reforma contributiva. Y si Puerto Rico mantiene un sistema de contribuciones separado, se puede condicionar a la aceptación de ciertas reglas para evitar la evasión contributiva”, dijo.
El senador Charles Schumer, demócrata por Nueva York, le expresó su molestia por la nueva ley al propio gobernador, según el Puerto Rico Report. John Buckley, un exasesor contributivo del Comité de Finanzas de la Cámara, dijo a Bloomberg News que Puerto Rico estaba caminando por una línea finita al tratar de erosionar la base contributiva de individuos de los estados.
Las alternativas del Congreso son pocas, según analistas consultados. Los congresistas pueden empujar a Puerto Rico a derogar la Ley 22 aguantando fondos federales o convirtiendo a la isla en estado.
La Ley 22 concede exención contributiva con respecto al ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que advengan residentes de Puerto Rico, no más tarde del año que finaliza el 31 de diciembre de 2035, pero no requiere un mínimo de inversión. También concede un 100% exención en el pago de impuestos, dividendos y en las ganancias de capital.
El promedio del patrimonio neto de cada concesionario que se ha beneficiado de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas es de $7 millones, según el DDEC, entidad que informó que se han recibido 87 solicitudes de millonarios interesados en mudarse a Puerto Rico en lo que va del 2014.
Uno de esos inversionistas es John Paulson, quien ya ha comprado sobre 10 propiedades en Puerto Rico y su fortuna se estima en más de $1,000 millones. Al preguntar por qué el promedio del patrimonio neto es bajo si se toma en consideración la fortuna de Paulson, NotiCel supo que el empresario todavía no ha decidido mudarse a la isla y no se ha acogido a los beneficios de la ley.
Paulson, quien es usado por el gobierno como “niño símbolo” de la ley, está construyendo un segundo hogar en la isla pero todavía no ha decidido si se muda. Según Bacó aunque a Paulson le encanta Puerto Rico, todavía no ha podido convencer a su familia de mudarse a la isla. La ley, de todas maneras, requiere a los inversionistas vivir unos 187 días del año en el país.
Según Bacó, Paulson ya ha creado unos 1,200 empleos con las construcciones del dúo Condado Vanderbilt y La Concha así como los arreglos que se están llevando a cabo en el Hotel Regency. Paulson también compró propiedades vacías al lado del Centro de Convenciones.
“A él le encanta Puerto Rico”, aseguró Bacó.
De otra parte, Nicholas Prouty, quien sí vive en Puerto Rico, ha creado sobre 500 empleos con sus inversiones en Ciudadela y en la Marina Puerto del Rey. Prouty planifica invertir unos $750 millones en la isla por medio de su firma Putnam Bridge,
Aunque el promedio del patrimonio neto por cada inversionista es de $7 millones, se espera que al menos el 25% de ese dinero, se transfiera a la banca local. El promedio de inversión en el sector inmobiliario es de $1 millón. Según el DDEC, los individuos inversionistas tienen de promedio en edad 51 años.
“Al estimar 200 nuevos residentes bajo la Ley 22 por año con un promedio de entre $5 a $7 millones. Esto representa capital adicional de al menos $250 millones”, indicó el DDEC. El departamento no proveyó información sobre cuántos empleos en total han creado los inversionistas que se han mudado a la isla.
El Senado en la sesión que terminó se propuso flexibilizar la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas en un esfuerzo por hacerle más atractivo a millonarios mudarse a Puerto Rico.
La medida fue para la Comisión de Reglas y Calendario del Senado y lo que le faltaba era la votación en el pleno pero no completó el trámite. El proyecto propone reducir de 15 a 6 la cantidad de años que un inversionista millonario tiene que haber vivido fuera de la isla para recibir los beneficios de la Ley 22. La propuesta también permitirá a inversionistas millonarios hacer testamentos o donar su caudal en vida o muerte a quienes deseen, sin tener que obedecer las disposiciones del Código Civil que obligan a dejar la herencia a parientes.
Por: Eva Laureano
08/08/2014 08:21 am
NOTICEL
Al secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, no le preocupa que varios congresistas en Estados Unidos estén hablando de tomar acción contra la isla para evitar que la Ley para el Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas pueda erosionar la base contributiva de ese país.
08/08/2014 08:21 am
NOTICEL
Al secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, no le preocupa que varios congresistas en Estados Unidos estén hablando de tomar acción contra la isla para evitar que la Ley para el Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas pueda erosionar la base contributiva de ese país.
Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó. (Archivo/NotiCel) |
Bacó dijo que como Estado Libre Asociado, la isla tiene un sistema contributivo autonómico que le permite crear mecanismos como la llamada Ley 22 para atraer inversión. La ley otorga generosos beneficios contributivos a millonarios que se muden a Puerto Rico bajo el Código de Rentas Internas local.
La Ley 22 no es como la Sección 936, estatuto federal que daba créditos contributivos a subsidiarias de compañías manufactureras americanas que se mudasen a la isla y que fue eliminado por el Congreso, según Bacó.
“Esto nace de nuestra autonomía. No hay forma que el Congreso pueda actuar como hizo con la Sección 936”, dijo a NotiCel recientemente.
Aunque el Congreso todavía no ha actuado en torno a una reforma contributiva, varios congresistas han expresado su molestia en torno a la Ley 22.
El senador Chuck Grassley, un Republicano de Iowa, dijo a Fortune Magazine que la situación podría provocar que Estados Unidos mire cómo los territorios son tratados bajo las leyes federales. “Armonizar las leyes de los territorios podría ser algo que se miraría si el Congreso y el presidente hacen una reforma contributiva. Y si Puerto Rico mantiene un sistema de contribuciones separado, se puede condicionar a la aceptación de ciertas reglas para evitar la evasión contributiva”, dijo.
El senador Charles Schumer, demócrata por Nueva York, le expresó su molestia por la nueva ley al propio gobernador, según el Puerto Rico Report. John Buckley, un exasesor contributivo del Comité de Finanzas de la Cámara, dijo a Bloomberg News que Puerto Rico estaba caminando por una línea finita al tratar de erosionar la base contributiva de individuos de los estados.
Las alternativas del Congreso son pocas, según analistas consultados. Los congresistas pueden empujar a Puerto Rico a derogar la Ley 22 aguantando fondos federales o convirtiendo a la isla en estado.
La Ley 22 concede exención contributiva con respecto al ingreso, producto de inversiones, devengado por individuos que advengan residentes de Puerto Rico, no más tarde del año que finaliza el 31 de diciembre de 2035, pero no requiere un mínimo de inversión. También concede un 100% exención en el pago de impuestos, dividendos y en las ganancias de capital.
El promedio del patrimonio neto de cada concesionario que se ha beneficiado de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas es de $7 millones, según el DDEC, entidad que informó que se han recibido 87 solicitudes de millonarios interesados en mudarse a Puerto Rico en lo que va del 2014.
Uno de esos inversionistas es John Paulson, quien ya ha comprado sobre 10 propiedades en Puerto Rico y su fortuna se estima en más de $1,000 millones. Al preguntar por qué el promedio del patrimonio neto es bajo si se toma en consideración la fortuna de Paulson, NotiCel supo que el empresario todavía no ha decidido mudarse a la isla y no se ha acogido a los beneficios de la ley.
Paulson, quien es usado por el gobierno como “niño símbolo” de la ley, está construyendo un segundo hogar en la isla pero todavía no ha decidido si se muda. Según Bacó aunque a Paulson le encanta Puerto Rico, todavía no ha podido convencer a su familia de mudarse a la isla. La ley, de todas maneras, requiere a los inversionistas vivir unos 187 días del año en el país.
Según Bacó, Paulson ya ha creado unos 1,200 empleos con las construcciones del dúo Condado Vanderbilt y La Concha así como los arreglos que se están llevando a cabo en el Hotel Regency. Paulson también compró propiedades vacías al lado del Centro de Convenciones.
“A él le encanta Puerto Rico”, aseguró Bacó.
De otra parte, Nicholas Prouty, quien sí vive en Puerto Rico, ha creado sobre 500 empleos con sus inversiones en Ciudadela y en la Marina Puerto del Rey. Prouty planifica invertir unos $750 millones en la isla por medio de su firma Putnam Bridge,
Aunque el promedio del patrimonio neto por cada inversionista es de $7 millones, se espera que al menos el 25% de ese dinero, se transfiera a la banca local. El promedio de inversión en el sector inmobiliario es de $1 millón. Según el DDEC, los individuos inversionistas tienen de promedio en edad 51 años.
“Al estimar 200 nuevos residentes bajo la Ley 22 por año con un promedio de entre $5 a $7 millones. Esto representa capital adicional de al menos $250 millones”, indicó el DDEC. El departamento no proveyó información sobre cuántos empleos en total han creado los inversionistas que se han mudado a la isla.
El Senado en la sesión que terminó se propuso flexibilizar la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas en un esfuerzo por hacerle más atractivo a millonarios mudarse a Puerto Rico.
La medida fue para la Comisión de Reglas y Calendario del Senado y lo que le faltaba era la votación en el pleno pero no completó el trámite. El proyecto propone reducir de 15 a 6 la cantidad de años que un inversionista millonario tiene que haber vivido fuera de la isla para recibir los beneficios de la Ley 22. La propuesta también permitirá a inversionistas millonarios hacer testamentos o donar su caudal en vida o muerte a quienes deseen, sin tener que obedecer las disposiciones del Código Civil que obligan a dejar la herencia a parientes.
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